Contratos públicos «con objetos similares en un mismo órgano de contratación», posibles «casos de fraccionamientos de las contrataciones, con lo que se incumpliría con el contenido del artículo 118 de la Ley de Contratos Públicos» y «numerosas contrataciones de servicios por un importe cercano al máximo establecido en la normativa».
Estas son algunas de las deficiencias detectadas por la Audiencia de Cuentas en su informe de fiscalización de los expedientes de contratación y relaciones anuales de contratos suscritos por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y por su sector empresarial durante el año 2021, cuando el presidente del Gobierno canario era el socialista Ángel Víctor Torres, y en las que incurrieron todas las consejerías, salvo la de Hacienda.
Un ejemplo, según la Audiencia de Cuentas, es que «existen numerosas contrataciones de servicios por un importe cercano al máximo establecido en la normativa, importe inferior a los 15.000 euros, (407 contrataciones por valor total de 6,3 millones de euros entre un importe de 16.050 euros, incluído el IGIC, y 14.500 euros)».
Es decir, en vez de sacar a concurso con publicidad un contrato por más de 6 millones, se redactaron 407 sin necesidad de apelar al principio de libre concurrencia, lo que va en contra de hacer efectivo el principio de igualdad de trato y no discriminación en el acceso de los particulares a la misma para aumentar el número de ofertas y que la Administración tenga a su alcance el mayor número de soluciones posibles para los intereses públicos.
Sistema anacrónico
«No hay deficiencias muy graves, pero existen», fruto de «un sistema anacrónico» de contratación «que hay que solucionar porque, hay un total de 82 órganos de contratación distintos» en el Gobierno regional, expuso ayer en el Parlamento el presidente del órgano auditor, Pedro Pacheco.
Y esta maraña burocrática es la que posibilita, según el informe, otra de las deficiencias: «en aquellas contrataciones que se repiten ejercicio a ejercicio para dar cobertura a servicios recurrentes, el procedimiento de adjudicación utilizado, la contratación menor, no sería el correcto al existir una continuidad de prestación en el tiempo, existiendo otros procedimientos más acordes para cumplir con la normativa al respecto».
Una de las fórmulas para acabar con este caos sería, según apunta la Audiencia de Cuentas, implementar «sistemas de racionalización de la contratación, acuerdos marco o sistemas dinámicos gestionados a través de centrales de compra», opciones que pueden resultar válidas para hacer frente a estas situaciones».
Y es que, tal y como apunta el informe explicado ayer por Pacheco en sede parlamentaria, «en la mayor parte de los casos la contratación separada es consecuencia de una incorrecta planificación de las actuaciones que se precisan para cubrir las necesidades públicas», pero no es menos cierto que en otras ocasiones el fraccionamiento conlleva «no dar cumplimiento a los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación previsto en la normativa».
«Esta posibilidad se ha detectado en servicios como los de limpieza, suministro de materia informático, suministro de mobiliario, determinadas asistencias técnicas, entre otros», se dice en el informe de fiscalización.
Clara desorganización
Todas estas irregularidades fueron calificadas de «muy graves» por la portavoz del Grupo Popular, Sonsoles Martín, y a su juicio demuestran la «clara desorganización que existía en los departramentos del Gobierno del pacto de las flores».
CC impulsa en el Parlamento que el Gobierno corrija las deficiencias durante 2024
El auditor resalta que hay un «caótico» sistema con 82 órganos de contratación
Más benévolo se mostró el nacionalista José Miguel Barragán (CC), para quien «estos problemas y divergencias» detectados se deben a que «hay que dar tiempo a los gestores a adaptarse a la Ley de Contratos del Estado». Con todo, consideró que las salvedades detectadas «no pueden quedarse aquí como meramente recibidas y los grupos debemos demostrar que hay voluntad de que las cosas cambien».
Por ello, el Grupo Nacionalista presentará una resolución para que el Parlamento apruebe que el Consejo de Gobierno «elabore unas instrucciones» que reconduzcan la situación detectada por la Audiencia y «las medidas correctoras se hagan efectivas durante 2024» en todos los departamentos y empresas públicas del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo.
Los representantes del resto de grupos que apoyan al actual Gobierno también incidieron en la necesidad de evitar «perversiones del sistema», como las denominó el representante de AHI, Raúl Acosta.
El diputado herreño también incidió en otra de las ‘trampas’, referida a la necesidad de «planificar la contratación a efectos de adecuar los plazos de duración a la naturaleza de las distintas prestaciones y así poder tramitar con la debida antelación las licitaciones» y no dar carácter de urgencia a un contrato que debería ser normal.
Melodie Mendoza (ASG) incidió en que «hay mucho que hacer» aún a la hora de conseguir una «Administración ejemplarizante al 100%», lamentando que tras tantos ños «aún no lo conseguimos».
Temeridad de la Audiencia
Por lo que se refiere a la oposición, la portavoz de NC, Esther González, se mostró muy crítica al considerar «una temeridad» por parte de la Audiencia de Cuentas que «sin fiscalizar ni un solo expediente de contratación» el organismo auditor «haga un total de 28 salvedades» en un informe que «al final es favorable». «Si fueran graves, sería desfavorable», remachó.
Por su parte, el socialista Manuel Hernández consideró que, aunque «existen algunos juicios de valor y consideraciones que van má allá de lo técnico», los «mecanismos de detección temprana de malas prácticas» como el informe de la Audiencia de Cuentas «sirven para evitar la ineficiencia y fomentar la transparencia» en la contratación pública, que es una «herramienta poderosísima para el desarrollo social y económico» del Archipiélago.
