Pedro Sánchez no se conforma con un pacto de investidura si no le garantiza estabilidad durante la legislatura. La compleja aritmética parlamentaria salida de las urnas, que obliga a contar con el apoyo de los socios potenciales en todas las votaciones, refuerza la necesidad de desarrollar un programa de gobierno que no comprometa ningún apoyo. Principalmente, los de Junts y PNV, las formaciones más conservadoras en materia económica y laboral. Para ello, los socialistas apuestan por un programa marco con medidas más genéricas, basadas en “profundizar” en las reformas ya iniciadas durante la pasada legislatura y con menos leyes.
Los socialistas pretenden no aterrizar tanto las medidas como en el programa consensuado con Unidas Podemos en 2019 y dejar así margen de negociación con sus potenciales socios parlamentarios. Una estrategia para no cerrar puertas en una legislatura que, de salir adelante, será más compleja que la anterior al no contar con la posibilidad de geometría variable.
El bloque de potenciales socios parlamentarios, además, reúne formaciones que compiten electoralmente entre sí en sus respectivos territorios y con ideologías alejadas. Si no hay adelantos electorales, las vascas se celebrarán en julio del próximo año y las catalanas en febrero de 2025. En las primeras compiten por la hegemonía política PNV y EH Bildu y en las segundas ERC y Junts. Todos ellos aliados parlamentarios actuales del PSOE. El programa de gobierno se pretende de marcado contenido “progresista”. Con políticas «de ampliación de derechos para trabajadores, jóvenes, mujeres y la mayoría social de este país», destacaban este viernes desde el partido tras cerrarse la ronda de contactos que Pedro Sánchez ha mantenido con los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.
En materia de fiscalidad, con todo, seguramente no podrá ser todo lo ambicioso que pretenderían desde Sumar. De hecho, fuentes de Hacienda evitan concretar hasta el calendario para las medidas de la reforma fiscal comprometida con Bruselas en el plan de recuperación y que se congelaron por el contexto económico tras la invasión rusa de Ucrania. Otras cuestiones, como las relacionadas con la subida del SMI para vincularlo a la inflación a través de una reforma en el Estatuto de los Trabajadores, generan también dudas.
En el partido de Yolanda Díaz, por su parte, advierten de que el PSOE no puede poner como “excusa” para un “freno” al programa la necesidad de consensuar con formaciones más conservadoras. En primer lugar, porque la presión electoral de EH Bildu, en el caso del PNV, y de ERC, en el de Junts, “les obligan a moverse”. En segundo lugar, según las mismas fuentes de Sumar, porque también están conversando con todos los socios potenciales y les habrían negado su intención de bloquear las medidas que están poniendo sobre la mesa.
La mayoría de partidos que han celebrado reuniones con Sánchez a lo largo de la pasada semana han rebajado sus expectativas de vincular el acuerdo de investidura a la aprobación de los próximos presupuestos. «Quien crea que puede pactar con ERC una legislatura desconoce la forma de trabajar de ERC», sentenciaba su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, después de reunirse con Sánchez y de que el líder de los socialistas le pidiera por teléfono a Oriol Junqueras ligar la investidura a las cuentas públicas. Los partidos del bloque soberanista sí se abren a sentar las bases para buscar un entendimiento, pero con negociaciones diferenciadas.
Sobre el programa de gobierno, el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, apostaba por buscar mecanismos de “desarrollo de la legislatura” con una orientación más centrada y, por tanto, consensuada con todos los socios potenciales, de las medidas. “Tenemos que saber distinguir qué se puede aprobar”, advirtió mirando ya al horizonte de la legislatura.
El líder del partido, Andoni Ortuzar, fue incluso más explícito al advertir de que “no vamos a comulgar con ruedas de molino”. Durante la pasada legislatura, los jeltzales ya votaron en contra de leyes clave del acuerdo de gobierno de coalición, como la reforma laboral y la ley de vivienda. Fuentes del comité negociador del PSOE encargadas de sentarse con el PNV insisten en la necesidad de otorgarles un trato preferente. Ambos partidos gobiernan en coalición en Euskadi y tras las municipales y autonómicas ratificaron sus pactos de gobernabilidad en las instituciones municipales y forales.
Retraso en las negociaciones con Sumar
Lo cierto es que el PSOE está más inmerso en avanzar en las negociaciones con los independentistas y el PNV que en sellar un acuerdo programático con Sumar para el gobierno de coalición. La llamada de Sánchez a Junqueras el pasado miércoles constata la pretensión de acelerar las conversaciones, que se intentarán intensificar a partir de este lunes, tras la reunión del equipo negociador del PSOE en Ferraz.
Desde el partido de Yolanda Díaz reconocen algunos avances durante los últimos días, aunque escasos en cuestiones que consideran nucleares. Esto es, en lo referente a la reducción de la jornada laboral, la regulación de las causas para el despido o la subida del SMI y resto de asuntos integrados en la carpeta que denominan “Estatuto del Trabajador del siglo XXI”. PSOE y Sumar se marcaron el horizonte de finales de octubre para sellar un acuerdo que no solo incluya el programa de gobierno, sino también el reparto de carteras entre ambos socios.
