El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga los encargos realizados por el BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha interrogado este lunes en calidad de testigo al actual presidente de la entidad, Carlos Torres, que se ha desligado de cualquier decisión al respecto hasta mediados de 2018, cuando estalló el escándalo. En ese momento participó en reuniones en las que se trató el asunto, respecto a lo que se remitió a lo que consta en las actas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acogió la petición de citar a Torres propuesta por la Fiscalía Anticorrupción y razonaba que para esta pieza separada del ‘caso Villarejo’ «es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo de la entidad, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer la responsabilidad penal» del banco, según publicó Europa Press.
La declaración, según han señalado a este diario fuentes jurídicas, se ha desarrollado de forma tensa y en algunos momentos hasta ha sido incómoda. Torres, por su parte, en su condición de testigo, ha declarado con total normalidad contestando a las preguntas del Ministerio Fiscal y el resto de partes, según han señalado fuentes del banco.
A lo largo de su declaración, Torres ha negado haber conocido al comisario o su relación con la entidad antes de que estallara el escándalo en 2018. Ha explicado cómo desembarcó en BBVA en 2008, llegando a afirmar que se dio la circunstancia de que su primer día de trabajo «fue el día que quebró Lehman Brothers». Sobre su relación con el presidente en el momento en el que se produjeron las contrataciones analizadas, Francisco González, afirmó que en esos años únicamente habían coincidido «en una boda».
En esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT –empresa de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
Investigadores independientes externos
Este lunes, Torres ha indicado que si bien cuando estalla el caso lo llevó el departamento de auditoría interna, desde enero de 2019 todo quedó en manos de investigadores independientes externos, los despachos Garrigues y Uría y la consultora PwC –que fue la encargada de realizar el ‘forensic’ sobre la actuación del banco en el caso–.
Al hilo, ha aseverado que de hecho son estos investigadores, y nadie del banco, quien decide dejar su nombre fuera de la lista de personas a las que investigar internamente, a pesar de que en un inicio sí que estaba en la lista de palabras claves –‘custodios’–. Así, ha indicado que en enero de 2019, cuando el asunto pasa a manos externas, la entidad ya no tomaba decisiones, y son los investigadores quienes decidían, por lo que los datos de sus dispositivos nunca se han aportado a la causa.
El juez ya explicó en su momento que la citación de Torres se acordaba después de que no hubiera sido posible recabar la declaración de María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica de la entidad y la persona que reportaba al comité lo que se iba realizando en la entidad, ya que «se acogió a su derecho a no declarar por voluntad propia».
Fue el BBVA el que recurrió la decisión del magistrado de llamar a sede judicial a la propia Arribas de Paz. Alegaba que su declaración podría vulnerar el deber de secreto profesional y el privilegio abogado cliente, además del derecho de defensa de la propia entidad. Y es que, a juicio de BBVA, esta citación buscaba obligar a Arribas de Paz a declarar «en calidad de testigo sobre hechos de los que ha tenido conocimiento única y exclusivamente por su labor, como profesional de la abogacía y como abogada interna de la entidad».
