«El acoso hacia mi hijo empezó siendo psicológico con insultos, lo apartaban de los demás compañeros. El crío no quería ir al colegio y empezamos a llevarlo al psicólogo. Se hacía pipí por la noche y no quería comer. El centro no hacía ni caso y conforme iban pasando las semanas y los meses la cosa empeoró, ya salía con morados y eso ya era evidente, pero aún así el centro no hacía nada, me decían que lo cambiara de colegio, algo que no aceptamos porque no nos parecía justo».
Julia Martínez reconoce a INFORMACIÓN que todavía se le ponen los pelos de punta cuando recuerda el mal trago que pasaron en casa por el sufrimiento de su hijo. Como ella son muchos los familiares de víctimas de bullying que alertan de que los protocolos en centros educativos están fallando porque no se termina de proteger a los menores afectados. Aseguran que en casi todos los casos acaban siendo las víctimas las que tienen que irremediablemente buscar otro centro porque no se encuentran amparados por la administración, en lugar de tomarse las medidas disciplinarias contra los agresores.
Ella se refugió hace casi un lustro en la asociación Plántale Cara al Bullying, que recoge casos de todo el país y que hace unas semanas abrió su segunda sede física en la provincia, en Elche -la otra está en Elda-Petrer-, en un espacio cedido por el Ayuntamiento en el centro polivalente de Carrús. El colectivo, que atiende las peticiones de ayuda por teléfono y que abre el espacio algunos viernes alternos, está formado principalmente por madres que han sufrido de cerca el acoso escolar y que buscan sensibilizar para que la tendencia cambie de un vez para acabar con esta lacra social.
«Protocolo existe, está el de la Comunidad Valenciana que todos los institutos están obligados a implementar pero la realidad es que cuando se activa se quedan cosas en el tintero», sostiene María del Mar Navarro, psicóloga, integrante de esta asociación y madre de una niña que también sufrió acoso escolar hasta el punto de tener que mudarse y abandonar el centro.
«Decir bullying es como una mancha en el expediente en el colegio»
Explica que «decir bullying es como una mancha en el expediente en el colegio». Narra que como progenitora nunca recibió un informe por escrito de lo que había pasado en el centro, a pesar de que contaba con informes de psiquiatría. «Digamos que se toman medidas concretas pero no se ponen nombres y apellidos. Muchas veces la familia de la parte acosadora no admite que su hijo ha hecho bullying porque el colegio no se lo dice claramente, y nos metemos en otras dinámicas». Asegura, por lo que les llega a la asociación, que su caso «es la norma, no la excepción».
Reprueban desde la entidad que la inspección educativa suele sugerir a las familias que cambien a sus hijos de centro cuando hay una situación crítica. A este respecto indica la profesional que «es una solución paliativa pero puede ser más problemática porque ese niño tiene consecuencias psicológicas, hay autoestima dañada, tú le cambias de contexto pero esa mochila que lleva pasa a otro centro, por lo que se dan factores de vulnerabilidad», apunta.
De igual forma, destaca que aunque la asociación hace campañas de sensibilización en centros y hay otros colectivos como Anar o la Policía Local que abordan el acoso escolar y el abuso de las redes sociales «falta apoyo a las familias». En esta entidad atienden al año unos 40 casos de acoso y se dedican al acompañamiento de las familias para asesorarles sobre qué pasos seguir cuando se enciende la alarma.
El protocolo en colegios e institutos se tiene que activar con la petición de las familias si hay notificación de Sanidad o los Servicios Sociales. Es habitual que el niño que es víctima de acoso acuda al pediatra con somatizaciones (mecanismo de defensa inconsciente que convierte el malestar emocional en un síntoma físico).
Los menores no revelan muchas veces lo que les ocurre y acaban acudiendo al psicólogo. La mayoría de los casos de acoso son por origen étnico, orientación sexual o por sufrir una discapacidad o trastorno por déficit de atención, más que por razones de físico, explican.
Cuando el centro actúa se crea un equipo de docentes y se hace una recogida de información, control en patios y entrevistas individuales con alumnos para determinar el foco de esta falta grave de convivencia. Si bien, sostienen que si no se logra remediar la situación es la víctima la que al final se ve obligada a dejar el centro. Se siguen repitiendo circunstancias en las que el menor acosado se siente excluido e incomprendido en la clase y hay un silencio cómplice por parte del alumnado sobre ese maltrato.
Las familias esperan que las 50 medidas que incluían los nuevos dictámenes del acoso escolar que se aprobaron en marzo en el pleno de las Cortes se empiecen a notar en el corto plazo y reivindican, entre esos criterios, que además de la valoración que haga el centro también haya un agente externo que fiscalice estas situaciones.
