Un jurado popular dirime a partir de este lunes la inocencia o culpabilidad de Vanesa Muñoz Pujol y Cristian Lastanao Valenilla en relación al asesinato de su hija de dos años, a quien llevaron a una «lenta agonía», primero, por su pasividad ante episodios de fiebre, diarrea y cansancio general y, segundo, por su maltrato diario a base de hacerle comer guindillas, darle salsa picante, encerrarle en un armario o colgarle de un gancho en la pared como si de un abrigo se tratara. Ambos afrontan la prisión permanente revisable a petición del ministerio fiscal y la Generalitat de Cataluña como tutora de la hermana mayor de la víctima.
También se ha personado en el pleito como acusación particular el padre biológico de la niña, Manuel Ardilla, quien ha atendido la llamada de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del Grupo Prensa Ibérica, «esperando que se haga justicia» después de casi tres años «larguísimos» en los que incluso ha tenido que lidiar en los juzgados para dar sepultura a su hija en el cementerio de la localidad donde reside, Lloret de Mar. «La asesina quería enterrar a mi hija en Zaragoza, la jueza lo valoró y así nos tuvo 18 meses», lamenta Ardilla, quien se vio obligado a alegar ante la Audiencia Provincial de Zaragoza para enterrar el cuerpo de Laia en el citado municipio gerundense.
El hermano de Laia, en tratamiento psicológico
De no haber acudido a los tribunales, la niña habría acabado en el cementerio de Torrero con un entierro benéfico porque Vanesa Muñoz Lozano se declaró insolvente para pagar el sepelio. Sus esfuerzos no solo se centran ahora en hacer todo lo posible para que estos dos individuos paguen con la prisión permanente revisable –»quiero que estos dos asesinos acaben toda su vida en la cárcel y que ahí dentro les hagan pagar por lo que han hecho», desea–, sino que también trabaja por sacar adelante a Lerye y Manel, los otros dos niños que también convivían en el infierno del número 2 de la calle Sánchez Arbós del barrio del Picarral de Zaragoza. «Mi hijo lleva dos años yendo al psicólogo con terrores nocturnos, no puede tener la luz apagada ni ir solo al baño», explica un padre para quien hoy no hay palabras que puedan mitigar su dolor. «Estoy destrozado y derrumbado, no puedo dormir por las noches, no quiero relacionarme con nadie y solo tengo fuerzas para sacar adelante a mis hijos», prosigue.
«Estoy destrozado y derrumbado, no puedo dormir por las noches, no quiero relacionarme con nadie y solo tengo fuerzas para sacar adelante a mis hijos»
La niña falleció el 21 de enero de 2022 a consecuencia de un ‘shock’ por peritonitis que se produjo como consecuencia de uno de los centenares de golpes que la menor presentaba en el cuerpo; llevaba seccionado el duodeno, en un momento dado se desvaneció y los acusados le metieron en una bañera de agua fría. Este fue el resultado de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón –»la Policía Nacional acabó la investigación bien rápido y el juicio se ha dilatado tres años», critica Ardilla– y que no deja duda sobre la brutalidad del maltrato.
Más allá de la autoría material del asesinato, el progenitor también pone el foco en las instituciones, como los juzgados de Zaragoza y Blanes y los servicios sociales de la capital aragonesa que permitieron que estos tres niños continuaran viviendo allí a pesar de que la custodia recaía sobre él mismo. «Su madre los secuestró, ellos tenían que estar aquí en Lloret de Mar, pero a la jueza y a los trabajadores sociales no les interesaba. Aquí ha habido muchos más responsables con puestos de mucha responsabilidad que debían haber controlado el bienestar de los niños. Si hubieran hecho su trabajo, mi hija estaría hoy aquí», critica con dureza.
La autopsia practicada por las profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) reveló el infierno al que había sido sometida la niña. Los forenses también detectaron restos de antidepresivos, hipnóticos, cocaína y cannabis en el cadáver de la niña. Precisamente, la presencia de estos dos últimos estupefacientes revela que su consumo era crónico desde, al menos, seis meses antes de fallecer.
En paralelo, los peritos del servicio de Valoración Toxicológica y de Medio Ambiente analizaron el líquido hallado en el pericardio y concluyeron que era compatible con una sumersión por asfixia en el agua. Precisamente, los vecinos del bloque detallaron que Laia estaba mojada cuando le realizaron la reanimación en el portal. A ellos también alude este padre. «Mientras estaban torturando a mis hijos, ¿ningún vecino es capaz de llamar a la Policía?», finaliza, indignado.
