La amnistía ha pasado fugazmente a un segundo plano en la contienda interna entre los partidos del bloque de derechas tras el cierre de la ronda de consultas para la investidura de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE. Aunque el ‘olvido’ al procés es una de las patas esenciales del acuerdo con Esquerra Republicana y con Junts, que tal y como han confirmado los exconvergentes, aún está lejos de materializarse, ha sido la foto del socialista con la portavoz parlamentaria de EH Bildu lo que ha acaparado el foco de crítica de PP y Vox.
Los primeros en levantar la voz fueron los populares, bajo la batuta de la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. Ésta criticó que el viernes fue «un día negro para la democracia» al dar Sánchez «facultad a EH Bildu para elegir al próximo presidente de España» sin «condiciones» como la condena del terrorismo de ETA, el rechazo a los ongi etorri o la colaboración para esclarecer los asesinatos aún pendientes. «Es la mayor indignidad» que se ha hecho «en una democracia europea» para «mantenerse en el poder», dijo Gamarra.
Pero a los escasos minutos de pronunciarse Génova, con esa intervención de Gamarra, Vox mostraba el mismo rechazo. Aunque de manera más escueta, y vía X -anteriormente Twitter-, el partido precisaba: «Aparte de la infame traición a las víctimas de ETA, el corrupto Sánchez se compra su sillón con el voto de quienes tienen el objetivo de destruir España».
Fue Santiago Abascal, el líder de Vox, después de la comparecencia de Gamarra desde su Logroño natal, quien ha centrando gran parte de su cuestionamiento hacia el PP. Hacia el partido de Alberto Núñez Feijóo, con quien lleva disputando la hegemonía por la derecha y la oposición al posible nuevo gobierno de coalición que salga de una investidura en noviembre. Los alicientes son claros, en un momento en el que debate territorial vuelve a estar candente por las cesiones al independentismo. Hace cuatro años, Vox experimentó su paso de partido minoritario y extraparlamentario a tercer partido nacional explotando el problema catalán tras los acontecimientos del 1 de octubre de 2017.
Un tema recurrente
Vox llevó la misma propuesta en 2020. Los grupos de izquierda y nacionalistas rechazaron la iniciativa, mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron. Ahora hay un cambio de posición con Feijóo al frente del partido. La demanda de ilegalizar grupos se ha incluido en las últimas convocatorias de generales en el programa electoral.
Concretamente, fuentes de Bambú apuntaban que al margen del propio Gobierno, «hay otros responsables» de que Sánchez y EH Bildu estrechen lazos ya públicamente: «quienes votaron ‘no’ a la ilegalización» de los partidos independentistas. El presidente de Vox fue el encargado de concretar esa postura de grupo, que condena «la inacción de todos salvo de Vox en el combate» contra los nacionalismos. «Condenada por hacer apología del terrorismo, ser amiga de etarras y editora de la propaganda de ETA [como editora de las portadas en el diario Eguin]. Hoy es socia del autócrata Sánchez. Él es culpable, pero hay otros responsables: quienes votaron ‘no’ a la ilegalización de Bildu cuando Vox lo propuso en el Congreso». Un dardo directo al PP -ya con Ciudadanos ausente de la política nacional-, que rechazó la propuesta presentada ante pleno por los de Abascal en febrero de este año.
Un debate recién cerrado en el PP
Vox busca ahondar en la yaga de un PP que recientemente cerró este debate sobre la ilegalización de EH Bildu, más ante cuestiones que limitan a la opinión pública a dos corrientes: a favor y en contra de ese acercamiento a la fuerza abertzale. De cara a las elecciones municipales y autonómicas, ante la incorporación de 44 exetarras condenados por delitos de sangre, asesinatos, en algunas listas locales del partido de Arnaldo Otegi, el ala más dura de los populares, con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, como rostro más reconocido, pedían abrir el melón de la ilegalización como ya había planteado Vox. Aunque limitándola a la formación y no al resto de grupos nacionalistas, como el PNV, o los separatistas catalanes.
El PP cerró el tema de la ilegalización de Bildu al concluir su equipo jurídico que la Ley de Partidos solo lo fundamentaría si ETA siguiera activa»
Lo más lejos a lo que ha llegado el PP, en esos términos, es a pedir la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado para buscar resquicios que permitieran anular esas candidaturas. Ello previo trabajo de su equipo jurídico. Pero ante el rechazo de la Justicia a intervenir las candidaturas como pedían entidades como Dignidad y Justicia -finalmente los propios integrantes renunciaron a sus cargos una vez electos y dejaron correr la lista-, el PP decidió no explorar más esa vía de ilegalización.
Otra de las conclusiones a las que llegó su equipo jurídico es que con la Ley de Partidos en la mano no es posible, como sí ocurrió con Batasuna en 2003, dado que está ideada para una banda terrorista en activo, y ETA se disolvió hace más de una década. La tesis interna en Génova fue, de cara a esos comicios de mayo, que hacer «brindis», como dijeron en su momento que hacía Vox, no es propio de un partido «serio» como el PP.
Vox compite en el plano de la calle
Vox, ya sin capacidad propia para seguir explotando la vía judicial, caso de los recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, por su bajada a menos de cincuenta escaños, que ha sido su principal arma contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos estos más de tres años y medio, quiere centrarse ahora en agitar la calle. Armarse del descontento social que este tipo de eventos, así como los acuerdos con el resto de partidos independentistas, puedan producir, e intentar volver a un perfil propio de la postpandemia, donde las salidas propias o con su sindicato Solidaridad fueron algo más regulares.
El PP, por el contrario, aunque explora también esas salidas de la mano de la sociedad civil, respira más profundamente al tener despejado el terreno judicial ya sin Vox. En el caso de aprobarse la amnistía, se procederá a presentar un recurso ante el Alto Tribunal que ahora está en fase inicial a expensas de lo que pase.
A este aspecto de confrontación reciente, el de EH Bildu y su legalización, se añade el de la manifestación convocada por DENAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española. El PP, a diferencia de la movilización reciente de Sociedad Civil Catalana (SCC) en Barcelona, ha cerrado la puerta a cualquier participación. La vinculan directamente con Abascal, dado que fue uno de sus promotores en 2006 y presidente hasta 2014, cuando fundó Vox. Hasta entonces la colaboración con los populares era más cotidiana. Y el mandato es la diferenciación con Vox.
Fuentes consultadas de la formación, apuntan: «No vamos porque es un acto de partido, claramente. Nunca el PP ha acudido a uno que no fuera propio». El distanciamiento de posturas tras la investidura fallida de Feijóo era previsible entre las filas ultraconservadoras y las populares. Sobre todo ante un escenario abierto en el que, aunque se apunta a una reelección de Sánchez, la senda electoral sigue siendo posible. «Dependerá de Junts», dicen en ambos partidos.
