La Fiscalía Superior de la Región, dirigida por José Luis Díaz Manzanera, investiga si el Ayuntamiento de Murcia tiene responsabilidad, penal o civil, en el incendio de Atalayas, que segó la vida de trece personas el 1 de octubre.
Así lo confirman a La Opinión fuentes del Ministerio Público, el mismo día que la Junta de Gobierno del Consistorio capitalino aprobaba la personación del mismo en el proceso judicial.
La titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Murcia se hizo cargo del caso para investigar trece delitos de homicidio por imprudencia, mientras que el fiscal indaga sobre la responsabilidad civil y penal del Ayuntamiento de Murcia en la tramitación de las licencias de apertura de los locales. Locales que tendrían que haber estado cerrados ya la madrugada de la tragedia. Aunque el equipo de Gobierno de Ballesta apartó a varios funcionarios vinculados al expediente de cierre de la discoteca Teatre, por el momento no se han producido dimisiones políticas, ni desde la actual corporación (del PP con mayoría absoluta) ni por parte de concejales que estuviesen en la anterior (con el socialista José Antonio Serrano).
Con las investigaciones recién iniciadas, Díaz Manzanera previsiblemente llamará a declarar no solo a funcionarios, sino también a políticos, tanto de la actual corporación como de la anterior. Aún no se sabe si comparecerán en las dependencias de la Fiscalía en calidad de testigos o de investidos. Por el momento, se está analizando documentación, detallan las mismas fuentes.
«Indicios claros» contra el Consistorio
Por otro lado, los familiares de cuatro de las trece víctimas mortales del incendio de Atalayas han remitido un escrito a la jueza que instruye el caso para pedirle que no permita al Ayuntamiento de Murcia personarse en la causa judicial abierta. Y es que «su situación procesal puede variar, siendo totalmente incompatible con la acusación», destacan en un escrito.
En opinión de los parientes de los fallecidos, representados por el abogado José Manuel Muñoz, la personación del Consistorio en el procedimiento, que actualmente se encuentra bajo secreto sumarial, «no sería una acusación más, sino que tendría graves perjuicios procesales», debido a que, según avance la investigación, podría darse la circunstancia de que bajo sospecha se pusiesen «miembros del Ayuntamiento», con lo cual su hipotética situación de investigados sería «totalmente incompatible con la acusación».
En el escrito a la jueza, los parientes sostienen que «existen indicios claros y contundentes de la responsabilidad del Ayuntamiento en la comisión de los hechos», así como que «la concreción de esos indicios que determinen su grado de participación y responsabilidad tiene que ser objeto de investigación de las presentes diligencias».
