La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a ser fuente de conflicto entre PSOE y Sumar. Los socialistas quieren garantizar por ley que se sitúe en el 60% del salario medio, mientras que en el partido de Yolanda Díaz, como ya ocurrió durante esta legislatura, son más ambiciosos. Su intención, según fuentes directas de las negociaciones, pasa por vincularlo a la inflación para asegurar que no haya pérdida de poder adquisitvo, lo que lo acercaría al 70% del salario medio. Este es uno de los principales puntos que están ralentizando las negociaciones entre PSOE y Sumar para avanzar en un acuerdo programático para el Gobierno de coalición.
Desde el partido que lidera la vicepresidenta segunda argumentan que el SMI ya se encuentra actualmente en el 60% del salario medio. Es por ello que encuadran la posición de los socialistas en su resistencia a llevar a cabo subidas por encima del IPC anual para garantizar el poder adquisitivo de los casi dos millones y medio de trabajadores que lo perciben, según los datos del Ejecutivo. Desde el equipo negociador del PSOE, que encabeza la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, defienden su propuesta porque blindaría la subida del SMI por mandato legal. Para ello precisarían en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores su equivalencia con el 60% del salario medio.
Las subidas serían automáticas en función de la coyuntura del salario medio. El 60% del salario medio fue la cifra que se comprometió en el programa del gobierno de coalición de la pasada legislatura, hasta situarlo actualmente en 1.080 euros en 14 pagas. Para Sumar, cuyo equipo negociador encabeza su portavoz económico y secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones, Nacho Álvarez, este es un suelo al que además obliga la Carta Social Europea como fuente de derecho. Además, reprochan que se trata de una cifra que sigue lejos de las comparativas europeas.
Para Sumar es fundamental seguir incrementando el SMI en función la evolución del IPC, pero haciéndolo “por encima de inflación”. Lo justifican también de conformidad al Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, su artículo 27 lo deja abierto al establecer que el Gobierno fijará el salario mínimo “teniendo en cuenta”, entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo. La reforma del Estatuto de los Trabajadores que propone el PSOE, además, necesitaría el aval del Congreso, con una aritmética salida de las urnas en las que serían imprescindibles formaciones más conservadoras como son PNV y Junts.
Los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, ya han reclamado una subida automática, garantizada por ley, fijando su suelo en el 60%. De cara a 2024 las centrales sindicales calculan que debería situarse en 1.200 euros en 14 pagas. Otras organizaciones como la patronal Cepyme ya alertaron tras la última subida del SMI que en las pequeñas empresas ya se situaba en el 70% de su salario medio.
Las propuestas de PSOE y de Sumar pueden tener diferentes implicaciones para los trabajadores y para las empresas, con sus pros y sus contras. Establecer por ley el suelo de que el SMI debe equivaler al 60% del salario medio de cada momento puede provocar pérdidas de poder adquisitivo para estos trabajadores en los años de alta inflación y en los que no se refleje en subidas salariales por convenio o se haga de manera diferida. Fuentes empresariales avisan, en paralelo, que la propuesta de Sumar de elevar el SMI siempre por encima de la inflación provocaría tensiones en los convenios colectivos o corporativos si la subida hace que se desborden los sueldos de otras categorías laborales fijados en las tablas salariales.
El otro problema que se están encontrando los equipos negociadores tiene que ver, precisamente, con el método de cálculo para la mediana del salario medio. Desde Sumar reprochan que se esté utilizando una cifra desactualizada. Asimismo, consideran que en el método de cálculo que se consensúe deben incluirse factores que afectan al encarecimiento de la vida, como la cesta de la compra o la evolución del precio de la vivienda. En base a ello se establecerían elementos correctores que lo compensen. Es por ello que miran más al 70% del salario medio, pues las fuentes estadísticas que se manejan son años anteriores, que al 60%. Con todo, remarcan que la clave para ellos es el vínculo con la inflación.
Diferencias durante la legislatura
La subida del SMI acorde a la inflación ya supuso un choque entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño de cara a la última actualización. La primera apostó por realizar un alza que tuviese en cuenta la inflación, en línea con los sindicatos, mientras que la vicepresidenta económica se resistió a revisarlo con base en el IPC. Finalmente, se impuso la titular de Trabajo y, sin el acuerdo de la patronal, se subió un 8% hasta situarlo en 1.080 euros. Una decisión que se enmarcó dentro de plan anticrisis por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y que Pedro Sánchez justificó porque «los salarios reales llevan cayendo una década», con una subida del 10% frente a la subida del 16% del nivel de vida.
Desde Sumar ya plasmaron en su programa electoral el compromiso de subir el SMI por encima del IPC para mantener el poder adquisitivo. Una subida “llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo en el marco del diálogo social en los últimos cuatro años ha demostrado ser el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad y la brecha de género”. A ello añadían que, “ahora, además, los incrementos del SMI deben servir para impulsar el crecimiento salarial general de nuestro país”. Los socialistas, por su parte, se comprometían en su programa a “garantizar en el Estatuto de los Trabajadores que el SMI se acompase al 60% del salario medio; medida también eficaz para lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres”.
Durante los últimos días se han producido avances en las negociaciones para el programa de Gobierno de la hipotética coalición, aunque en materia laboral se encuentran los principales conflictos. En cuestiones como la reducción de la jornada laboral o las causas para el despido. Los equipos negociadores trabajan en un programa acorde con las competencias del futuro ejecutivo, que prevén reintegrar en varios casos para reducir carteras, y finalmente el reparto de ministerios.
