El caso del polémico y fallido proceso de selección por turno libre a la Administración pública de la comunidad autónoma de Canarias ya ha llegado a la Justicia. La Dirección de Función Pública del Ejecutivo regional ha informado en un comunidado que ha puesto en conocimiento del Juzgado de instrucción de turno en Santa Cruz de Tenerife los datos recopilados tras la investigación abierta desde el pasado 6 de octubre «para que inicie actuaciones si considera que hay indicios suficientes de irregularidades”.
Seis días después de la celebración de la primera prueba al cuerpo administrativo Grupo C, subgrupo C), y tras las protestas desencadenadas entre las más de 4.000 personas que se presentaron para 32 plazas fijas por la inusual y absurda dificultad de la prueba, la Dirección General de Función Pública decidió suspender cautelarmente todo el proceso selectivo y abrir un expediente informativo para esclacerer los hechos. En la misma nota, señaló directamente que «las dos personas que obtuvieron mayor puntuación tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública».
El director de Función Pública, Francisco Rodríguez, explica que durante la investigación se ha recababo toda la información posible «para dirimir las cuestiones apreciadas respecto del ejercicio realizado», pero considera que «las potestades de investigación de esta Administración Pública están seriamente limitadas, de acuerdo con la Ley” y, por ello, ha puesto en conocimiento del tribunal de instrucción correspondiente los hechos que ha constatado.
En concreto, en la investigación interna ha quedado acreditado «que Águeda Márquez no se inhibió del proceso de selección para las plazas del cuerpo administrativo a pesar de que concurrían a la oposición dos personas que presuntamente guardarían relación de parentesco, que son los que han obtenido la puntuación más alta en el examen del 1 de octubre, con un 7.5 y un 7.4». Se trata de la hija y el yerno de la exdirectora de Función Pública. Aprobaron solo nueve opositores de un total de 4.260 personas que se presentaron al examen compuesto por 50 preguntas tipo test. De los siete restantes que fueron aptos, nadie sacó más de un 7.
La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público deja claro la obligación de abstenerse de manera inmediada de intervenir en el procedimiento quienes tengan un vínculo matrimonial o de parentesco con los interesados.
Ambos ya tenían su plaza de auxiliares de biblioteca tras superar el correspondiente proceso selectivo que se inició en el primer trimestre de 2022 y finalizó poco más de un año después, coincidiendo con el momento en el que Águeda Márquez era directora de Función Pública (de febrero a agosto de 2023), por lo que fue quien firmó la resolución por la que se nombró a su hija y a su yerno en el cuerpo.
Además, Rodríguez remarca que fue «la ex directora general la encargada de designar al tribunal calificador de las pruebas, mediante resolución firmada el 17 de mayo de 2023». Este tribunal presentó su renuncia poco después de los aspirantes a administrativo iniciara sus protestas, que fue aceptada por la Dirección General de Función Pública y cesó a los suplentes.
En la última resolución publicada por Función Pública, del pasado 9 de octubre, se adoptó la decisión de aceptar la abstención de la investigación iniciada de José Gregorio Martín, subdirector de Selección y Provisión del Empleo Público, quien había sido miembro suplente del tribunal que renunció.
