La Fiscalía Anticorrupción ha advertido al juez Manuel García Castellón de que si no dicta ya la apertura de juicio oral del caso Kitchen, en el que están investigados entre otros el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por espiar en 2013 y 2014 al extesorero del PP Luis Bárcenas, los imputados podrían beneficiarse de «dilaciones indebidas», por lo que una ulterior condena debería ser revisada a la baja. Así consta en un escrito de 28 de septiembre al que ha tenido acceso en exclusiva El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.
El Tribunal Supremo establece que los condenados que sufren «dilaciones indebidas» o investigaciones que discurren de una manera inusualmente lenta deben ser compensados con una bajada de la pena que ese les impone. Y esta bajada es lo que pretenden evitar los fiscales, que reclamaron 15 años de prisión para Fernández Díaz, Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo; y 19 años para Villarejo, entre otros.
«Dado el tiempo transcurrido desde que se interesó la apertura de juicio oral [más de siete meses], y a fin de garantizar el derecho de todas las partes a un proceso sin que se produzcan dilaciones indebidas, interesa el Ministerio Fiscal que […] se proceda a dictar el correspondiente auto acordando la apertura de juicio oral ya interesada«, dice de forma literal el escrito, suscrito por los fiscales Miguel Serrano Solís y César de Rivas Verdes-Montenegro.
Problemas informáticos
El Ministerio Fiscal entregó el pasado 24 de febrero el escrito de acusación del caso Kitchen al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que se investiga el presunto espionaje que desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se realizó en 2013 y 2014 contra Bárcenas.
Durante la instrucción, un problema técnico en el sistema informático que utiliza la Audiencia Nacional ya paralizó durante dos meses la tramitación de los recursos de apelación que presentaron las partes personadas en el caso Kitchen.
El relato del Ministerio Público fija el inicio de esta operación parapolicial, que se llevó a cabo sin control judicial, en la primera mitad del año 2013: «Desde la cúpula del Ministerio del Interior», encabezada por Fernández Díaz; «se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia» para «obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes» en el caso Gürtel.
Colaborar con la Justicia
En esas fechas, Bárcenas había contratado como abogado al exjuez Javier Gómez de Liaño, quien desplegó una estrategia encaminada a que su cliente colaborara con la Justicia. Por eso, Bárcenas confesó al juez Pablo Ruz la existencia de una caja b en el PP, que servía para pagar sobresueldos a los entonces dirigentes de la formación conservadora, entre los que se encontraba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que no llegó a ser imputado en el caso de los papeles de Bárcenas.
Precisamente, en otra pieza separada del caso Villarejo, en concreto la número 36, el juez investiga si el polémico comisario recurrió a la mafia rusa en España para tratar de que Gómez de Liaño se desvinculara de la defensa de Bárcenas, tal y cómo adelantó El Periódico de España. El exjuez de la Audiencia Nacional fue contrado por el extesorero del PP el 11 de julio de 2013, cuando Bárcenas llevaba ya dos semanas en la cárcel y se sentía traicionado por los dirigentes de su partido. Ese mismo 11 de julio Villarejo anotaba en su agenda las supuestas instrucciones que le había dado el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez: «Plan contra LB [Luis Bárcenas]. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo». El 15 de julio Martínez también le reclamó, siempre según las anotaciones de Villarejo, «un plan estratégico para salir del caso LB [Luis Bárcenas].
En enero de 2015, tras dos años de investigaciones sin respaldo judicial y seguimientos presuntamente ilegales, Gómez de Liaño abandonó la defensa de Bárcenas, que cambió su estrategia. Pasó de reconocer la existencia de una caja B en el PP a negar su existencia. El 22 de enero de 2015, al salir de la cárcel tras abonar una fianza de 200.000 euros, Bárcenas dijo, de forma literal: «El PP no tiene nada que temer de mí, pero yo he asumido mi cuota alícuota de responsabilidad, y las responsabilidades las tenemos que asumir todos”.
En sentido contrario
Por otra parte, los fiscales reclaman también al magistrado en su escrito de 28 de septiembre que encargue al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que coteje las transcripciones de las conversaciones incluidas en un oficio elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el 20 de abril de 2020 en el que se da cuenta de resultado registro policial del domicilio de Francisco Martínez.
Esta petición se produce porque los fiscales han detectado que el mismo día, el 7 de julio, el juez García Castellón dictó dos autos en sentido contrario. En concreto, mientras en uno acordó excluir de la causa veintitrés conversaciones mantenidas por el ex secretario de Estado de Seguridad a través de su teléfono móvil, en otra resolución, también de 7 de julio de 2023, ordenaba mantener en la causa las transcripciones de las conversaciones.
