El Gobierno puso en marcha hace casi un año un nuevo tipo de bono social eléctrico como parte del escudo de medidas para hacer frente a los efectos de la crisis energética. La nueva ayuda no estaba específicamente destinada a hogares vulnerables, sino que se trataba de un descuento temporal del 40% del recibo de la luz para clientes con ingresos medios.
El Gobierno anunció que hasta 1,5 millones de hogares podrían verse beneficiados del nuevo descuento temporal, que financian las empresas eléctricas proporcionalmente a su cuota de mercado y que acaban cargándoselo en el recibo a todos sus clientes. Pero el número de beneficiarios se ha quedado muy por debajo de esa aspiración.
Según los registros oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, a finales del pasado julio había 25.583 hogares acogidos a los descuentos del 40%, menos de un 2% del total de beneficiarios del bono social eléctrico. La cifra de receptores del nuevo bono para no vulnerables ha ido creciendo de manera continua desde su entrada en vigor, incluso ha llegado a sumar algunos meses más de 6.600 solicitudes aceptadas.
El total de beneficiarios es llamativamente inferior al potencial que anunció el Ejecutivo, que ha venido defendiendo en referencia al bajo número de suscriptores que se dio la posibilidad a las familias de acogerse a una medida para protegerse de las subidas de precios, pero que en todo caso la solicitud era voluntaria.
A esta rebaja de luz para la ‘clase media’ -vigente en principio sólo hasta final de este año si el Ejecutivo no decide prorrogarla- pueden acceder hogares que tengan contratada la tarifa regulada de la luz y con ingresos anuales de entre menos de 27.700 euros (para familias con dos adultos y dos menores) y 16.800 euros (con un solo adulto).
Récord de receptores del bono social
España ha superado por primera vez los 1,5 millones de hogares acogidos a todos los tipos de bono social de la luz. Según los datos del Gobierno, a finales del pasado julio se rebasaron los 1,52 millones de familias beneficiarias de estos descuentos tras fuertes subidas en la cifra de beneficiarios durante toda la crisis energética.
El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad (vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social), pero como parte de las medidas anticrisis el Gobierno elevó de manera temporal los descuentos hasta el 65% y el 80% del recibo para la gran mayoría de los beneficiarios. La subida extraordinaria de las ayudas está vigente en principio sólo hasta fin de año, y el Ejecutivo deberá decidir en los próximos meses si decide prolongar.
El número de beneficiarios del bono social se ha disparado un 21% en sólo un año, sumando 267.300 nuevos hogares acogidos a los descuentos para vulnerables y vulnerables severos desde julio de 2022. Desde el inicio de la crisis energética, los receptores del bono han crecido un 31%, con 359.600 familias más desde mayo de 2021 (justo antes de las primeras medidas de urgencia adoptadas por el Gobierno para paliar la subida de los precios energéticos, en junio de ese año), según el análisis combinado de las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Tarifa vecinal de gas
El año pasado el Gobierno también creó una nueva tarifa de gas subvencionada destinada a comunidades de propietarios, con el objetivo de rebajar el precio de la factura de los bloques vecinales con calefacción central.
Desde que se puso en marcha el pasado octubre la nueva tarifa de último recurso colectiva (TUR vecinal) con un descuento cercano al 50%, unos 6.700 comunidades de vecinos se han acogido a ella, según confirma el Ministerio para la Transición Ecológica. Cuando se aprobó esta TUR vecinal el Gobierno anticipó que podrían acabar beneficiándose de ella un total de 1,7 millones de hogares, pero no concretó el número de comunidades potencialmente receptoras.
El acceso a esta nueva tarifa regulada subvencionada -que también está previsto que expire a final de año si el Ejecutivo no la prolonga- implica que las comunidades de propietarios beneficiarias deben asumir ciertas exigencias, singularmente instalar un contador individual en cada casa antes de este mismo mes y garantizar que no se incrementa el consumo de gas de la comunidad en relación a la media de los últimos tres años. Unos requisitos que ha hecho que sea más difícil que los vecinos lleguen a acuerdos para contratar la nueva tarifa.
