SAN SEBASTIÁN, 9 (EUROPA PRESS)

La red ciudadana Sare ha realizado una valoración «esperanzadora» de los dos años de gestión penitenciaria del Gobierno Vasco pese a que, en lo que respecta a los presos de ETA, ha cuantificado en que en el 24% de los terceros grados aprobados por el Ejecutivo vasco han sido revocados judicialmente. En este sentido, han insistido en denunciar las «políticas de excepción» y a la Audiencia Nacional por decidir en contra de las juntas de tratamiento de las cárceles vascas.

La plataforma en apoyo a los presos de ETA ha asegurado que desde el 1 de octubre de 2021, cuando Euskadi asumió la gestión penitenciaria, el Gobierno de esta comunidad autónoma ha aprobado un total de 846 progresiones a tercer grado, de las que 16 han sido revocadas por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, lo que supone el 1,89%.

Según ha detallado Sare, en el caso específico de los presos vinculados a ETA han sido revocadas 13 de 55 concesiones, quedando siete pendientes del recurso o no del Ministerio Fiscal. «Es decir, se han revocado el 24%, lo que supone un diferencia abrumadora en relación a otros recursos en otros tipos de delitos», ha añadido.

INJUSTICIA DURANTE DÉCADAS

El pasado mes de agosto, la plataforma de la que es portavoz Joseba Azkarraga pidió al futuro Gobierno central que «devuelva» a las instituciones vascas la competencia en materia de supervisión de la ejecución de las penas impuestas a los condenados por pertenencia a ETA y que ponga fin a la legislación «excepcional» aplicada a este colectivo y al «control judicial» que se aplica desde la Audiencia Nacional, órgano competente en los delitos de terrorismo y que faculta a Fiscalía y juez para validar las progresiones a tercer grado.

«Viniendo de una situación anterior donde las excepcionalidades eran la norma común de actuación, la evolución lenta por parte de la administración penitenciaria vasca nos lleva a esa valoración donde la esperanza se abre paso, ante la injusticia que durante décadas se ha padecido en este ámbito», ha expresado Sare este lunes.

La red ciudadana ha lamentado que lo que llaman política penitenciaria de excepción «se continúa aplicando». «Estamos soportando legislaciones pensadas en lo que se denominó lucha antiterrorista, concebida y aprobada hace más de 20 años, para unas circunstancias que nada tienen que ver con la situación actual», han añadido.

A su juicio, «no es de recibo que hoy, en octubre de 2023, tengamos que continuar diciendo que ETA cesó en sus actividades en 2011 y se disolvió en 2018, y que ETA ya no existe».

De este modo, ha apuntado algunos datos como que el número de terceros grados propuestos por las Juntas de Tratamiento y aprobados por el Gobierno Vasco es de 55, y son 31 los recursos presentados por el Ministerio Fiscal.

Ratificados por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria han sido 14, y presos regresados a segundo grado y a prisión, 13. Cuatro casos están pendientes de resolución por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y hay seis recursos del Ministerio Fiscal en apelación ante la Sección Primera, una vez ha sido ratificado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

CASOS CON DOS PROPUESTAS DE PROGRESIÓN

Sare ha señalado que hay que tener en cuenta que, entre los 55 terceros grados aprobados por la Administración Penitenciaria Vasca, «hay varios que han visto aprobado esta progresión de grado, por lo que las personas a las que se les ha progresado de grado han sido 46, si tenemos en cuenta que varios de ellos han sido progresados hasta en dos ocasiones».

En este caso, ha considerado que cabría hacer una valoración positiva de la actitud de la Administración Penitenciaria Vasca, «al haber vuelto a proponer esta progresión a tercer grado, una vez el Ministerio Fiscal ha recurrido y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha aceptado este recurso».

En todo caso, Sare ha denunciado que, «a cientos de kilómetros de distancia», la Fiscalía y la Audiencia Nacional toman decisiones sobre presos «de los que nada saben y nada les importa, sin tener en cuenta que de manera permanente sus actuaciones confrontan directamente con las decisiones profesionales de quienes conforman las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, que son quienes mejor conocen la evolución de estos presos y confrontan, también, con las decisiones de la administración penitenciaria vasca».

CERRAR LA FASE DE VIOLENCIA «SIN GENERAR MÁS DOLOR»

Tras resaltar que «lo mínimo exigible es que la norma se aplique con sentido común y flexibilidad», Sare ha considerado que «cometen un error quienes se empeñan en mantener la idea de que el tercer grado es una libertad absoluta, en lugar de una forma diferente de cumplimiento de la pena». «Es una forma de cumplimiento de penas que genera menos reincidencia y que además el Gobierno Vasco adopta habitualmente cuando progresa a tercer grado a un número importante de presos», ha insistido.

En esa línea, ha indicado que, a pesar de la «preocupación» que suscita la «actuación bloqueadora de los órganos jurisdiccionales en el Estado», en términos generales «se va avanzando». Sin embargo, ha demandado «mayor rapidez» en este avance porque «estamos hablando de personas, privadas de libertad, que llevan ya cumplidos largos años de su condena y que deberían haber sido sujetos de propuesta de progresión a tercer grado, desde hace mucho tiempo».

Desde Sare entienden que es necesario «emprender, con determinación y sin dilación, un proceso de normalización de la situación, situándonos en el momento en el que vivimos, sin olvidar nada de lo ocurrido, pero tomando las medidas necesarias para que la fase de la violencia superada, se cierre de tal manera que no se genere más dolor».

Finalmente, han anunciado que continuarán con las diferentes dinámicas que permitan «llegar a una cada vez más importante parte de la sociedad vasca» para transmitirles la «necesidad del compromiso para que acabe esta situación que afecta al ámbito de los derechos humanos». Así, este mismo mes de octubre anunciarán una iniciativa con la que volverán a «apostar por una verdadera convivencia, que solo será posible si está basada en la defensa de todos los derechos humanos, para todas las personas».

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