El problema más habitual de un gobierno es el de no tener dinero suficiente con el que atender las necesidades ilimitadas de los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno español se enfrenta ahora a un problema insólito: tiene mucho dinero (un total de 163.000 de los fondos europeos en subvenciones y préstamos), pero dificultades para gastarlo dentro del plazo fijado por la Comisión Europea (antes de junio de 2026). Ello es así, tanto por las exigencias de calidad en el gasto que se derivan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE, como por las carencias de las administraciones españolas (estatal, autonómicas y locales) para gestionar tan ingente volumen de convocatorias públicas de inversión en un plazo acotado de tiempo.
No obstante, Bruselas acaba de dar algo de oxígeno al Gobierno español al permitir ejecutar más allá de 2026 algunos bloques de inversión en los programas de coche eléctrico, hidrógeno verde, descarbonización de la industria y economía circular por alrededor de 5.000 millones de euros.
Plan de Recuperación modificado
En total, el modificado Plan de Recuperación español -que el 2 de octubre ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea- permite a España optar a 79.800 millones de subvenciones de los fondos europeos vinculados al Next Generation EU y al mecanismo Repower EU y a otros 83.000 millones en préstamos del MRR. (casi 163.00 millones en total).
Si las inversiones previstas en el Plan de Recuperación y Resiliencia español no se ejecutan antes de junio de 2026 se perderán las subvenciones vinculadas a ellas. Para ayudar a evitar este riesgo, el Gobierno ha negociado con Bruselas su visto bueno para retrasar más allá de 2026 algunas de las inversiones que, de otro modo, corrían riesgo de descarrilar. Se trata de un grupo de proyectos que suman cerca de 5.000 millones de euros y que están vinculados al hidrógeno verde (1.600 millones en subvenciones), a la economía circular (300 millones en subvenciones), al coche eléctrico (250 millones en subvenciones y 1.200 millones en préstamos) y a la descarbonización de la industria (430 millones en subvenciones y 1.050 millones en préstamos).
No ha sido fácil obtener una prórroga, vetada en el reglamento europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por la que abogaban organismos como el Banco de España (en aras a evitar convocatorias atropelladas). Según fuentes del Gobierno, la fórmula que se ha encontrado con Bruselas para alargar el plazo más allá de 2026 sin contravenir el reglamento pasa por ejecutar determinadas inversiones a través de determinadas agencias y empresas públicas.
Así, el modificado Plan de Recuperación español -que ha incorporado buena parte de la solicitud de adenda presentada por España en junio- permite ejecutar más allá de junio de 2026 inversiones que ahora se encargan a Enisa (Empresa Nacional de Innovación), relacionadas con el coche eléctrico y la descarbonización;al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), relacionadas con el hidrógeno verde y la economía circular; y a la Fundación Biodiversidad (economía circular).
En todos estos casos se ha convertido en hito que hay que cumplir en 2026 la concesión de la ayuda, no la finalización del proyecto, que podrá culminarse en fechas posteriores, explica Paloma Baena, directora senior European Affairs y Next Generation EU de la consultora LLYC.
La clave está en los plazos
«La clave está en los plazos», subraya Paloma Baena, de LLYC. En su opinión, el ritmo de la ejecución española del Plan de Recuperación «no va mal» desde el punto de vista del seguimiento europeo. Ya se han recibido 37.000 millones de euros de fondos europeos y, según los datos del Gobierno, se ha adjudicado un 80% (30.000 millones de euros) en convocatorias de ayudas y licitaciones de obras y servicios, que están financiando ya más de 500.000 proyectos de inversión.
El Gobierno está ejecutando en tiempo las transferencias que debe hacer llegar a autonomías y ayuntamientos para sus programas de ayudas e inversión. «Sin embargo, aunque no tenemos todos los datos sobre cómo se están resolviendo las convocatorias en las autonomías y los ayuntamientos, vemos que este año se están acumulando retrasos. Vamos con retraso con respecto a lo que deberíamos cumplir», resuelve Baena.
La prueba es que España aún no ha solicitado el desembolso del cuarto tramo de ayudas de los fondos europeos (10.000 millones), un trámite que el Gobierno en funciones se propone cumplir en cuanto el Consejo Europeo de Ministros de Finanzas (Ecofin) apruebe definitivamente en las próximas semanas el modificado Plan de Recuperación español, que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea. Con el calendario inicial de pagos, España había previsto solicitar dos pagos en 2023 (por un total de 17.000 millones), pero el adelanto electoral ha complicado el cumplimiento de algunas de las reformas comprometidas, como la de la reforma de la Función Pública. Ahora, a lo sumo recibirá un pago (el citado cuarto tramo, por 10.000 millones).
Objetivos retrasados
De hecho el nuevo plan revisado amplía los plazos para el cumplimiento de algunas reformas (el objetivo para la aprobación de la ley de movilidad se retrasa de diciembre de 2023 a junio de 2026), otras desaparecen (como la implantación de un sistema de peajes en las autovías) o se modfican (la reforma de la Función Pública se podrá hacer ahora por decreto).
Además se retrasan los objetivos para algunas convocatorias de ayudas o inversión. Así, por ejemplo, se retrasa hasta el segundo trimestre de 2026 el objetivo de construir un centro de almacenamiento de energía verde en Extremadura (inicialmente previsto para el último trimestre de 2023). También se retrasa dos años, hasta el cuarto trimestre de 2025, el objetivo de desplegar ayudas para al menos 238.00 vehículos eléctricos y puntos de recarga en zonas residenciales y carreteras y se fija un nuevo objetivo para llegar a 348.000 vehículos en el tercer trimestre de 2026 con incentivos fiscales para 110.000 nuevos coches. Además, se alarga un año, hasta finales de 2025 el programa del Kit Digital, al tiempo que se rebaja su objetivo a 670.000 empresas (frente al objetivo inicial de un millón).
El alargamiento de los plazos de algunos de estos objetivos se ha traducido en un nuevo calendario, más retrasado, para el desembolso de los diferentes tramos de fondos europeos a favor del Tesoro.
