El alcalde en Roales del Pan por Vox, David García Montes, tendrá que comparecer ante la jueza que describe «circunstancias que hacen presumir la posible existencia de delito de revelación de secretos», castigado con penas de hasta 4 años de cárcel. Una infracción penal en la que podría haber incurrido el regidor municipal al publicar una nómina de su predecesora, la exalcaldesa de Adeiza, Berni Miguel, en la página de Facebook de ese municipio. En esa red social, reprodujo el mismo documento del edil que era teniente de Alcalde por Adeiza, Luis Alberto González Pérez, concejal por el PSOE tras las últimas elecciones municipales.

La titular del Juzgado número 1 de Zamora no parece tener la misma visión que el alcalde de Vox sobre una conducta que este justificó como una reacción a los ataques que venía recibiendo de Berna Miguel en esa misma red social por cobrar un sueldo como regidor, mensaje en el que la política local dejaba un enlace (link) a través del que los ciudadanos podían comprobar el sueldo. Sin embargo, ese link «era público, no estaba cerrado», se argumenta en la querella.

Datos privados

Sin embargo, los datos que facilitó David García Montes de su antecesora no lo eran, detalle importante en el que radicaría el posible delito de revelación de secretos, según Luis Felipe Ferrero, el abogado de la actual concejala del PP en Roales.

La juez ha admitido, pues, a trámite la querella criminal interpuesta contra el político de ultraderecha por la edil popular de esa localidad, quien acudió al juzgado el 25 de mayo pasado para denunciar lo que considera un ataque contra su intimidad.

En esa ocasión, denunció el posible delito cometido por García Montes, que se comportó «sin el menor respeto» hacia ella y hacia el concejal de su grupo de Adeiza, González Pérez, al colgar de la página de Facebook «un documento íntegro de la retribución» que percibían del Consistorio ambos cargos.

«Como bien sabe el denunciado, se está revelando información personal protegida, incurriendo en un delito, pues una nómina no es un documento público, sino privado que contiene datos económicos», indica la querella, datos «de los que se coligen muchos aspectos personales».

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