Juan Inglés Rojo, el dueño de la discoteca incendiada de Murcia, tiene 74 procesos legales

El incendio que arrasó dos discotecas de Atalayas ha destapado situaciones sonrojantes. EL ESPAÑOL ha averiguado que desde 2007 hasta 2023, el nombre del administrador único de Teatre Sociedad Limitada figura en 74 procesos en juzgados de lo civil y de lo penal. La mayor parte de las causas contra el empresario Juan Inglés Rojo son por estafa, falsificación y reclamaciones por préstamos. Tampoco parece que hiciese bien las cosas el futbolista Daniel Ramírez, dueño de la Fonda Milagros, la otra sala calcinada, puesto que un abogado experto en temas de extranjería denuncia que ha tenido -supuestamente- «a empleados sin dar de alta».

Además, entre los 13 fallecidos por el fuego figura una mujer que presuntamente era camarera en Fonda Milagros: la ecuatoriana Olga Lucrecia, de 56 años. Tales situaciones dejan señalado al Ayuntamiento de Murcia, por no haber ejecutado desde marzo de 2022 la orden de cierre que pesaba sobre Teatre Sociedad Limitada: propietaria de la Discoteca Teatre y de la nave alquilada a la familia Ramírez, para habilitar la sala latina Fonda Milagros, donde murieron trece personas inocentes.

Al administrador único de Teatre, Juan Inglés Rojo, no le debía quitar el sueño la situación legal que mantenía la citada sociedad con el Ayuntamiento porque está curtido en los juzgados de Murcia, San Javier, Elche y Orihuela. Por vía civil, le constan 55 procesos terminados y otros 14 en tramitación, mientras que por la vía penal, su nombre figura en 4 procesos terminados y uno en trámite. Este diario ha confirmado que Juan Inglés Rojo ha sido condenado en febrero de 2017 por usura: al aplicar cláusulas abusivas y un interés excesivo sobre un préstamo, con el objetivo de quedarse con todas las propiedades de la persona a la que dejaba el dinero.

Este empresario estaba desaparecido desde que el domingo se produjo el incendio, pero el presentador de Código 112, Alejo Lucas, como los buenos cazadores que aguardan a su presa, le pudo acercar el micrófono. «No quiero hacer comentarios», le espetó Juan Inglés Rojo al periodista de 7RM, tras haber sido sorprendido por la calle. Las preguntas de Alejo Lucas no permitieron aclarar si tenía licencia para mantener la actividad de Teatre Sociedad Limitada: «No quiero hablar. Déjeme tranquilo«.

El horizonte judicial de Juan Inglés Rojo no para de complicarse. La Fiscalía también le reclama seis años de cárcel por un delito de estafa, así como el pago de una multa de 3.600 euros. La Agencia EFE ha accedido al escrito de conclusiones provisionales del fiscal donde relata que estafó presuntamente 401.000 euros, a seis inversores que le confiaron sus ahorros con la promesa de beneficiarse de intereses elevados.

La Fiscalía expone que este empresario, a cambio del dinero que recibía de los ahora denunciantes, les entregaba pagarés supuestamente falsos y respaldados por garantías hipotecarias inexistentes. A esta causa y otras que tiene en cola, lo más probable es que sume la investigación judicial abierta por 13 homicidios imprudentes en el incendio de Atalayas, al ostentar el puesto de administrador único de Teatre Sociedad Limitada.

Un informe de un portal especializado en empresas refleja que Juan Inglés Rojo es administrador único, apoderado o socio de 21 sociedades, cuyas actividades van desde los créditos rápidos al ocio. Una de ellas es El Flamingo de San Pedro SL: un exclusivo chiringuito de copas de verano, con una amplia terraza y piscina, ubicado junto al Club Náutico de San Pedro del Pinatar, y que suma 12.400 euros en multas, por funcionar sin licencia de actividad, por causar molestias con el volumen de la música…

Una abogada que conoce a Juan Inglés Rojo sostiene que este empresario figura en tantas sociedades porque en alguna de ellas ejerce como supuesto «testaferro» de un empresario con negocios por América Latina, pero eso no está demostrado. Lo que los papeles dicen es que Rojo es el administrador único de Teatre Sociedad Limitada, la propietaria de la Discoteca Teatre que supuestamente pudo ser el foco del incendio que se extendió a Fonda Milagros, causando la muerte de 13 personas.

Teatre ha sido uno de los templos de la noche murciana durante años, pero ahora está en la diana de la Policía Nacional por el contenido de un vídeo que fue tomado por un asistente a la fiesta We are remember. En las imágenes, aparecen los empleados de la discoteca sofocando unas llamas que están alojadas en un conducto de ventilación. Un dato de interés para la investigación porque Fonda Milagros está pegada a esta sala y supuestamente comparten las máquinas de aire acondicionado. 

El currículo legal del administrador de Teatre Sociedad Limitada no tiene nada que ver con el de sus inquilinos en la nave arrendada, para abrir la sala latina Fonda Milagros. No tienen causas legales pendientes Luz Mila Ramírez ni sus dos hijos: el futbolista Daniel Ramírez, y su hermano, Juan Esteban Ramírez. Pero eso no quiere decir que estén libres de polvo y paja porque el Consulado de Ecuador asegura a EL ESPAÑOL que han tenido «a una menor de edad poniendo copas».

El organismo consular detalla que «se trata de una chica, de 17 años, que echaba una mano algún fin de semana a cambio de una cantidad económica». Tal práctica es ilegal porque el artículo 6 del estatuto de los trabajadores prohíbe expresamente que los menores de edad trabajen de 22 horas a 6 horas. Tan solo pueden hacerlo de día cuando están emancipados o cuentan con el permiso de sus padres.

La presencia de empleados trabajando de forma supuestamente irregular en la sala latina, también es denunciada por un abogado experto en temas de extranjería. «He estado varias veces en ese local porque tengo mucho contacto con la población latina por mi trabajo: tengo constancia de que varios camareros que trabajaban en la Fonda Milagros eran inmigrantes sin papeles«, según denuncia este letrado con despacho en Murcia. «Les pagaban por días, sin seguridad social y sin nada».

De momento, Encarna del Baño, técnico en prevención de riesgos laborales y secretaria de salud laboral en UGT, avanza que su sindicato se personará como acusación popular en la causa judicial abierta por el incendio de las dos discotecas: «Queremos esclarecer las causas del siniestro y la situación legal en la que se encontraban las plantillas de trabajadores de ambas salas, con el objetivo de depurar todo tipo de responsabilidades legales».

EL ESPAÑOL ha podido saber que entre los 13 fallecidos hay una supuesta empleada de Fonda Milagros: la ecuatoriana Olga Lucrecia, conocida cariñosamente como ‘Lula’. Tanto el Consulado de Ecuador como una allegada de la fallecida confirman que murió este domingo, cuando el fuego arrasó la sala a las seis de la madrugada y dos minutos. «Nuestra queridísima Lula trabajaba durante más de 15 años y hasta el último día de su vida, como empleada de hogar en la casa de una familia de médicos en la Plaza Juan XXIII. El trabajo de camarera en la discoteca incendiada lo ejercía los fines de semana, sin contrato legal, para reunir dinero extra con el objetivo de visitar a su familia en Ecuador».

La situación de Lula ha trascendido a raíz de publicar un reportaje con el testimonio de su pareja: Ferney Lozano, afamado presentador de la radio latina SuperMix. El locutor que ha trabajando animando eventos en Fonda Milagros aseguraba que aquel trágico domingo estaba con Olga Lucrecia, disfrutando de una noche de fiesta tras asistir a un cumpleaños en Orihuela, pero esta allegada de la fallecida explica en su extenso correo lo siguiente: «Nuestra queridísima Lula no estaba de fiesta en la discoteca, Lula trabajaba junto con otra camarera que sí tuvo la suerte de salvar su vida».

«Hacía unos diez años que Lula no había podido ir a Ecuador a ver a su familia. Lula ya le había comunicado a su hija B. y a su familia que sería el último fin de semana que iba a trabajar como camarera, por los dolores de pie y espalda que el trabajo de camarera le ocasionaba. Vergüenza y justicia contra corrupción y crueles engaños. La verdad tiene que conocerse y hacerse justicia a las 13 víctimas del terrible incendio». 

Todo apunta a que UGT y la Policía Nacional tienen por delante mucho trabajo, ya que al margen de averiguar las causas y el foco del incendio, la tragedia de Atalayas ha sacado a la luz problemas colaterales como la falta de vigilancia del Ayuntamiento de Murcia sobre dos salas que han incumplido durante 18 meses una orden de cierre, en un sector como la hostelería, cuyo convenio en la comunidad murciana ha permanecido durante la friolera de 15 años sin renovarse.

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