Los alquileres en Alicante se disparan hasta en un veinte por ciento en las zonas más humildes

Según los últimos datos publicados en el portal inmobiliario El idealista, los alquileres han subido hasta un 17,3 por ciento en la provincia de Alicante y en el caso de la capital hasta un 18,6%. El aumento es el doble de la media nacional, ya que en España el precio de la vivienda de alquiler fue del 9,3 por ciento. Una vivienda de cien metros cuadrados en la provincia de Alicante puede rondar o hasta superar los 1.000 euros al mes como media. Y la subida de precios se está dejando sentir en barrios que no son precisamente ni el centro, ni la turística zona de playas. Durante los meses de verano, el aumento de precios ha sido del 4,6 por ciento y eso que de agosto a septiembre ha habido un pequeño descenso del 0,4 por ciento.

Por barrios, el mayor aumento ha sido el de los barrios de Juan XXIII y la Virgen del Remedio donde los precios han crecido un 21,8 por ciento, situándose en el máximo histórico. A pesar de este fuerte incremento, se trata de las zonas de la ciudad donde más bajos están los precios. Un piso de cien metros cuadrados se sitúa en torno a los 760 euros de media. Del mismo modo, la otra zona donde los precios son más bajos es otra donde se ha producido un mayor incremento, es en la comprendida por los barrios de Benalúa, La Florida, Babel y San Gabriel, un 17,7 por ciento más y situándose en torno a los 920 euros para las viviendas de cien metros. Aunque se trata de zonas tradicionalmente más baratas que otras más cotizadas, el aumento de la demanda se ha trasladado a los precios. El problema es que muchas familias no pueden encontrar precios que puedan pagar, mientras que en el caso de los alquileres sociales, las listas de espera están siendo de meses e incluso de años.

Las zonas más caras se encuentran en la Playa de San Juan, el cabo de las Huertas y el centro de Alicante. Aunque en las zonas de playas, el precio incluso ha llegado a caer un 3,4 por ciento este verano, el aumento anual ha sido del 15,9 por ciento con casas de 100 metros de hasta 1.200 euros al mes; mientras que en el centro de la ciudad el aumento anual ha sido del 17,8 por ciento con precios entre 1.100 y 1.400 euros.

En el resto de la provincia, en los municipios donde se han alcanzado máximos histórios se encuentran El Campello (10,9 euros el metro) un 10,5 % más que el año pasado y que se convierte en uno de los municipios más caros de la provincia; La Mata de Torrevieja (10,2), Orihuela (9,1 euros) con un aumento del 25%; y Elche (7,2 euros), un 16,3 % más. El municipio con los precios más altos ha sido Calp con 11,2 euros el metro, un 14,9 por ciento más que el año pasado. El precio medio en la provincia es de 9,6 euros el metro. Por encima de este media están Calp, Alicante capital, Altea (10 euros el metro), además de los anteriormente citados municipios de El Campello y La Mata. El citado portal no recoge datos de Benidorm a lo largo de este verano, aunque el pasado mes de junio se situaba en 12,8 euros el metro cuadrado, con un aumento de precios del 28,3 por ciento.

Venta de viviendas

El aumento de los alquileres ha estado por delante del precio de las ventas, donde las viviendas son un 15,3 % más caras que el año pasado, con un precio medio de 2.042 euros el metro cuadrado. Dentro de estos precios, la ciudad de Alicante está por debajo de la media provincial, con 1.841 euros el metro cuadrado, según los datos de este portal. Aunque hay barrios por están muy por encima de esa cifra, como es la Playa de San Juan, con 2.630 euros o Vistahermosa con 2.118. Otra zona muy demandada como es el PAU1 en San Blas se encuentra en 1.701.

Por municipios, entre los más caros para comprar una vivienda se encuentra Altea con precios de 2.899 euros el metro cuadrado; Benitatxell, con 3.053; l’Alfàs del Pi, con 2.481 euros; o Benidorm con 2.444 euros, entre otros municipios. En general, los precios de los pisos en venta se incrementaron en un 11,7 %. El máximo histórico se remonta al año 2006, a un precio de 2.184 euros el metro cuadrado, justo antes de que reventara la burbuja inmobiliaria.

Falta de stock

El sector inmobiliario ha venido achacando a la falta de stock este aumento de los precios de los alquileres. Una situación en la que los profesiones vienen incidiendo también en la inseguridad jurídica que generan las medidas del Gobierno para proteger a aquellos que no pueden hacer frente a los pagos. Una situación que tras las pasadas Elecciones Generales no se ha aclarado, con las negociaciones para la próxia investidura aún abiertas y la posibilidad de que se tengan que celebrar unos nuevos comicios encima de la mesa. En cualquier caso, esta situación estaría causando que los propietarios hayan optado por no sacar su vivienda al mercado y mantenerla cerrada. También el sector incide en el frenazo que ha tenido el sector en la construcción de nuevas viviendas, mientras que han irrumpido inversores extranjeros que estarían menguando aun más el mercado. El sector sufrió un frenazo tras la anterior crisis inmobiliaria. Aunque desde el sector de la vivienda turística de alquiler siempre se incide en que no son ellos los causantes de este aumento de los precios. Desde el Consell se ha constituido recientemente una mesa de trabajo con las principales asociaciones de viviendas turísticas para tratar de articular medidas que pongan fin a la economía sumergida.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció precisamente en un acto celebrado en el Club INFORMACIÓN el pasado septiembre un plan para la construcción de hasta 10.000 euros de promoción pública, de las cuales 4.000 estarían en la provincia de Alicante. Una medida con la que se pretende la puesta en marcha de viviendas de protección oficial para tratar de paliar una situación en la que no se ha ejecutado apenas viviendas de promoción pública.

El presidente de Provia, Jesualdo Ros, incidió en el aumento que han tenido en los últimos meses los costes para la construcción de vivienda nueva y «la normativa técnica no ayuda». Ros señaló que en Alemania se ha tenido que flexibilizar estas normativas porque los promotores no podían construir a precios razonables. «Algo similar ocurre aquí donde el código técnico tiene unos costes brutales». En este sentido considera que sería necesaria una suspensión de la aplicación del Decreto sobre Diseño y Calidad de Viviendas aprobada por el Botánic a pocos días de las pasadas elecciones autonómicas. El texto eleva considerablemente los requerimientos que deben cumplir las nuevas construcciones y por tanto el coste.

A su juicio también es necesario un cambio en el decreto de VPO para permitir a las familias que puedan a ayudas para comprar estas viviendas, actualizando las condiciones para que sea más rentable. A su juicio, los espectaculares costes están causando que no sean rentables para los promotores. Una situación que viene marcada por años en los que no se ha hecho apenas vivienda pública pero que para los promotores serían necesarias medidas para bajar los costes de producción para hacerlas viables. Uno de los problemas que tienen muchas familias es que ni siquiera pueden acceder a hipotecas que les financien la compra de esos inmuebles.