La Coalición IA Ciudadana sobre Inteligencia Artificial (IA), que engloba a 16 organizaciones expertas en tecnología y Derechos Humanos, ha recordado al Gobierno que la determinación del «riesgo» de los sistemas de IA «no debe quedar en manos de las propias empresas que los desarrollan».
La entidad se ha dirigido a la vicepresidenta Tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, y a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, para pedirles que se prohíban «tecnologías peligrosas que puedan amplificar la pobreza, el racismo y la discriminación», en el marco de las negociaciones de la Unión Europea (UE) sobre el futuro Reglamento de Inteligencia Artificial.
«Es necesario que se realice un estudio de impacto sobre derechos fundamentales de forma previa para evaluar y mitigar riesgos», ha reclamado la Coalición, que reclama la prohibición de las tecnologías de reconocimiento biométrico que permiten la detección facial, de emociones y del lenguaje corporal en los espacios públicos, tanto en tiempo real como posteriormente. «Atenta contra el derecho a la intimidad, la privacidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho a la protesta», ha subrayado.
En la actualidad, se debate en los trílogos (negociaciones trilaterales de alto nivel entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo), bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, la propuesta de regulación sobre Inteligencia Artificial.
«La escasa participación de la sociedad civil y la falta de transparencia e interlocución en las negociaciones» han alarmado a la Coalición Ciudadana sobre IA. «La participación de la sociedad civil es fundamental para garantizar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía, así como alertar de los posibles riesgos de la IA que la legislación tiene que hacer frente», ha asegurado Judith Membrives i Llorens, portavoz de la coalición y técnica en incidencia digital en Lafede.cat
«El Gobierno español se comprometió a impulsar una transformación digital bajo el paraguas del humanismo digital, pero ahora ha llegado el momento de aterrizar ese concepto en unas disposiciones legales específicas que protejan los derechos y libertades amenazadas de la ciudadanía», ha remarcado Anabel Arias, responsable de derechos digitales de CECU y portavoz de la coalición.
El Gobierno de España ha impulsado la puesta en marcha de la primera Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y la creación de un entorno de pruebas (sandboxes) para analizar la aplicación del futuro Reglamento de Inteligencia Artificial.
«Sin embargo, en las negociaciones sobre la futura regulación de la IA solo las empresas tecnológicas, asociaciones industriales y sectoriales, think tanks y foros especializados parecen haber podido participar hasta el momento, dejando fuera a las organizaciones expertas en tecnología y Derechos Humanos», ha criticado.
La Coalición IA Ciudadana envió en mayo una carta a la Presidencia española expresando su preocupación por las «deficiencias» del Reglamento IA y solicitando que garantice una legislación «robusta y respetuosa con los derechos fundamentales».
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