Cerradas no estaban ni Teatre ni Fonda Milagros. «Aquí en Murcia es un hecho notorio que están en funcionamiento. Todas las noches se celebran fiestas y de vez en cuando hay intervenciones de la Policía Local, ya que se producen problemas de seguridad por las peleas», afirmaba ayer con rotundidad el abogado de este establecimiento, Francisco Javier Verdú.
No solo eso, también dijo a los medios congregados en la calle Isla Cristina, donde estaban las discotecas que ardieron el pasado domingo y en las que murieron trece personas, que el Ayuntamiento de Murcia no se podrá personar como acusación particular dado que podría tener que responder de responsabilidad patrimonial por inacción.
Verdú, del bufete Adán y Verdú, indicó que hace unos seis u ocho meses acudió la inspección municipal y exigió el cambio de las puertas por otras contraincendios. Tanto él como su socio, Francisco Adán, defendieron en la televisión pública que el local al que representan sí contaba con la licencia pertinente para abrir y que nunca les comunicaron cese alguno.
El abogado de Teatre, José María Caballero, sin embargo, acabó reconociendo por la tarde en Cuatro que ese establecimiento «en este momento no tenía licencia pero el Ayuntamiento sabía que estábamos abiertos».
Por la mañana, sin embargo, recalcaba que Teatre ha contado siempre con licencia de actividad «y con todos los papeles en regla», para añadir que la división en dos partes del edificio en el que se ubica es solo una «mera cuestión formal», que en nada afecta a la legalidad de la situación en que se encuentra aquella discoteca.
Para Caballero, esa división no obligaba a la empresa a gestionar la concesión de una nueva licencia de actividad, ya que nunca había dejado de contar con la que tenía de tiempo atrás. Esta versión contradice de plano a la versión del Ayuntamiento de Murcia.
