Existe poco consuelo para las miles de familias que han tenido que sufrir desde hace décadas el fallecimiento de algunos de sus miembros por culpa del amianto. El 5 de octubre de 2022 se intentó dar un paso en la reparación de su dolor, con la aprobación unánime en el Senado de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Esta nueva norma instaba al legislador a aprobar un Reglamento que regulara la cuantía de las indemnizaciones, las condiciones para poder acceder al fondo o el procedimiento a seguir para cursar las peticiones.
El plazo para su redacción era de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se produjo el 19 de octubre del pasado año. 350 días después y en pleno cumplimiento del aniversario de la aprobación, este Reglamento todavía no ha visto la luz. Más de 250 días de retraso acumula el texto y, mientras, las víctimas continúan esperando. Ante esta tesitura, los sindicatos han denunciado este miércoles que «el Gobierno está ninguneando a las víctimas retrasando la entra en vigor del Fondo”. Así de tajantes son UGT, CCOO y FEDAVICA, cansados de esperar la llegada de las indemnizaciones.
Además, las organizaciones sindicales denuncian que se ha elaborado “un proyecto de Reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que contradice el espíritu de la Ley”. Uno de los aspectos más criticados es las cantidades reflejadas en el proyecto “porque otorga unas indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo de acabar con los largos procesos judiciales”, denuncian los sindicatos. “Son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos”, añaden.
Además, otras de las grandes discriminaciones a las víctimas del amianto es la obligatoriedad de tributar en el IRPF las indemnizaciones percibidas, algo que sucede con víctimas de otra índole, como pueden ser las del terrorismo, el VIH o la Talidomida. “También es inaceptable que, en dicho proyecto, los familiares de las victimas fallecidas en los últimos años no tengan derecho a las citadas indemnizaciones”, denuncian en el comunicado conjunto los sindicatos.
Estos señalan al Gobierno, preguntándose “cómo es posible que haya incumplido los plazos”, “asigne indemnizaciones inferiores a las establecidas para otros colectivos en similares circunstancias”, “no esté prevista una exención fiscal” y, sobre todo, “no respete el espíritu de la Ley”. Con todo, los sindicatos instan al Ejecutivo en funciones a cumplir con su deber y “aprobar el Reglamento del Fondo de Compensación, sin más dilaciones, respetando el espíritu de la Ley y sin convertir a las personas afectadas por el amianto en víctimas de segunda categoría”.
El PSOE vota a favor de más restricciones en Europa
Mientras en España se demora la aprobación de un Reglamento que responda a la ley que se aprobó, el PSOE ha votado a favor en Europa del informe que evidencia las consecuencias del amianto. Este martes, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la revisión de las normas sobre la exposición al amianto en el entorno laboral para reducir el máximo permitido a una décima parte del umbral actual. De esta manera, se pretende garantizar una mejor protección de los trabajadores y la detección temprana del amianto.
Las nuevas normas, que la Eurocámara ya pactó en junio con los Estados miembro, se han adoptado por 614 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones y reclaman el uso de tecnologías más modernas y precisas para detectar la presencia de fibras de amianto. De este modo, la normativa comunitaria rebajará de 0,1 hasta 0,01 fibras por centímetro cúbico la presencia tolerada de amianto para un trabajador, con el objetivo de reducir también drásticamente el riesgo de desarrollar un cáncer por una exposición excesiva a este material en el entorno laboral.
También se introducirá un sistema más moderno y sensible para contar las fibras de amianto mediante la microscopía electrónica, aunque se permitirá a los Estados miembro un periodo de seis años de transición para abandonar el modelo actual de medición basado en la microscopía de contraste de fase (PCM). Una vez cumplida esa transición, deberán reducir el nivel de exposición a 0,002 fibras de amianto por centímetro cúbico sin contar las más finas y de 0,01 incluyendo estas últimas.
Según datos de Bruselas, el 78% de los cánceres ligados al trabajo diagnosticados en pacientes de la Unión Europea están directamente relacionados con la exposición a las fibras de amianto. Ahora que ha sido refrendado por el pleno del Parlamento, el acuerdo necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete y podrá entrar en vigor una vez el pacto ratificado sea publicado por el Diario Oficial de la UE.
