Doñana deja de ser el campo de batalla entre el Ejecutivo y la Junta de Andalucía. El Parque Nacional deja de ser sinónimo de polémica y, contra todo pronóstico, es protagonista del acuerdo entre la vicepresidenta Teresa Ribera y el presidente andaluz Moreno Bonilla tras hora y media de reunión en Sevilla.

Pocos esperaban una rueda de prensa conjunta tras meses de acusaciones cruzadas entre Moncloa y San Telmo. Finalmente, el dislate y el pulso del proyecto de Ley de PP y Vox queda de nuevo aparcado. Moreno Bonilla confirmó que se aplaza el debate parlamentario para aprobar una Ley que venía a legalizar regadíos ilegales junto a Doñana y que estaba fechado para la próxima semana.

Se va a posponer ese debate inminente, en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, poder conversar, construir y proponer”, ha dicho el presidente andaluz en una inédita comparecencia conjunta. Ambos dirigentes enfatizan ahora la importancia de trabajar juntos. “Es algo que no tendrían que decir ni desde los tribunales ni desde la Comisión Europea ni nadie, debemos trabajar desde nuestras responsabilidades para resolver los problemas”.

Por ahora, se impone el tono dialogante. Los sables se guardan y se impone una prórroga de un mes de duración. Habrá entendimiento entre equipos de Junta y Miteco, con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, representando a la Junta, y secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en nombre del Gobierno. La comisión bilateral prevé reunirse la próxima semana junto a otros interesados, como son los propios agricultores y ganaderos, pero también ecologistas y los alcaldes de la zona.

El nuevo retraso de la polémica ordenación de hectáreas agrícolas de la zona Norte, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), es defendida por Moreno Bonilla en aras de llegar a un diálogo “fructífero … honesto, sincero y sensato”.

En la antesala de la reunión, el portavoz de la Junta de Andalucía, el también consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, había asegurado que el presidente andaluz “no iba a dejar tirados” a los agricultores onubenses que esperan la legalización de sus regadíos que aún están en tierras calificadas de secano.

La situación nos devuelve al punto de partida. El gobierno pone sobre la mesa una inversión extraordinaria de 350 millones de euros –la misma cantidad que estaba pactada antes de la aparición de la proposición de Ley de PP y VOX- que irán destinados a desarrollo económico y social para el condado de Huelva. Planes que, según la ministra, no deben implicar más agua, “agradezco la predisposición de trabajar en alternativas que no supongan confiar en más disponibilidad de recursos hídricos”.

Todos de acuerdo menos Vox

Las reacciones no se hicieron esperar, desde el arco político, los partidos que se han venido oponiendo a la regulación de más regadíos en la zona, han celebrado la noticia. El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, sacó pecho por su mediación y capacidad de diálogo, “no me equivocaba cuando hace año y medio dije que había un problema, pero que la solución solo podía pasar por el diálogo y el acuerdo entre administraciones”.

Por su parte, desde Más Andalucía, Inmaculada Nieto, dio la bienvenida al “PP y Moreno Bonilla a la razón y la ciencia. Podíamos habernos ahorrado este tiempo de desprestigio internacional y tensiones” y desde Adelante Andalucía recibieron la noticia como una victoria, “Cuando el pueblo andaluz lucha, siempre consigue la victoria», decían en redes sociales.

La nota discordante era Vox, el portavoz parlamentario, Manuel Gavira, afirma que Moreno Bonilla “castiga a los agricultores posponiendo el debate de la ley… Enésima metedura de pata del Gobierno del PP”.

Los movimientos ambientalistas también ven la prórroga del debate como una victoria el hecho de que se “retorne a la vía del diálogo y del plan de la Fresa, que nunca se debió abandonar”, dice Juanjo Carmona, responsable de WWF para Doñana, en alusión a la regulación territorial vigente desde 2014 que sellaron entonces una Junta de Andalucía socialista y un ejecutivo Central del PP con el apoyo de ambientalistas y comunidad científica.

Cara a cara tras varias puñaladas

Ha pasado medio año desde que el PP impulsó en el Parlamento de Andalucía su polémica Proposición de Ley de legalización de regadíos en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. Pero son con este cuatro los retrasos realizados por el gobierno andaluz. En la anterior ocasión, el debate en el pleno del Parlamento andaluz se pospuso para no hacerlo coincidir con la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Al fin, tras meses de acusaciones cruzadas, cartas y reuniones en Bruselas con la Comisión Europea, hoy era el día para la reunión entre Teresa Ribera y Moreno Bonilla, en el Palacio de San Telmo cambiaba el horizonte de Doñana. La reunión fue anunciada por el MITECO y confirmada a posteriori por la Junta, que convocó solo a medios gráficos a rueda de prensa en la sede de gobierno andaluz; sin preguntas de periodistas por lo tanto en una de las citas más esperadas del último año.

Antes de la reunión, la Junta se había vuelto a posicionar en defensa a ultranza de los agricultores onubenses. Tras Consejo de Gobierno, el portavoz andaluz, Ramón Fernández Pacheco, anunció que la Junta de Andalucía instará a la Comisión Europea a que la fresa de Huelva obtenga el distintivo de calidad de Indicación Geográfica Protegida. Este distintivo pone en valor la localización territorial y la sostenibilidad del producto.

Hay que recordar que fuentes del MITECO ya habían advertido que, si la legalización de regadíos en la corona Norte de Doñana sigue adelante, recurrirán al Tribunal Constitucional para una suspensión cautelar. El Ejecutivo señala la invasión de competencias que el PL supondría, ya que los derechos de agua son competencia estatal en exclusiva, ejercida vía Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La judicialización de la polémica medida de la Junta es la punta del iceberg del desencuentro entre administraciones que ha marcado la crisis de Doñana. La legalización de 750 hectáreas de regadío ya fue pospuesta por Moreno Bonilla en las elecciones regionales (mayo 2022). Y la proposición de Ley fue de nueva recuperada de cara a las nuevas elecciones.

Desde Moncloa declararon sentirse engañados por Moreno Bonilla, que habría asegurado que la legalización de regadíos quedaba desechada. Pero el conato de diálogo con la reunión entre el consejero de Medio Ambiente y el secretario de Estado de Medio Ambiente de fines de 2022 quedó en nada. El entendimiento saltó por los aires el 3 de marzo de este año, cuando el PP y Vox presentaron la Proposición de Ley.

Durante este pulso que enfrenta a intereses agrarios y ambientales, la Comisión Europea y UNESCO han hecho llamamientos para frenar la tramitación de la Ley andaluza. Bruselas recuerda que la legalización de más hectáreas acarrearía sanciones inmediatas, redundando en la condena existente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021. Por su parte, la UNESCO advierte: la ampliación de regadíos afecta al sobre explotado acuífero de Doñana y pone en peligro el calificativo de Patrimonio Mundial de Doñana.

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