Tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, es al líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que le toca coger las riendas para tratar de ser presidente. Unas negociaciones ante las que ERC y Junts han hecho evidente una división que se traduce en un encarecimiento de su apoyo. Que en el Parlament hayan votado conjuntamente vincular la investidura a avances para fijar las bases de un referéndum no es fruto de una coordinación entre los independentistas, sino de la pugna por quién lidera la interlocución y pone el precio más alto. Esa rivalidad perenne que tanto ha beneficiado al PSC para convertirse en el partido más votado en Catalunya es, a su vez, la que supone un gran dolor de cabeza para el PSOE, un interés cruzado con el partido de Salvador Illa que se da también con carpetas como la amnistía o los próximos presupuestos.
No hay duda de que los socialistas, tanto en Madrid como en Barcelona, tienen como prioridad continuar en la Moncloa; y que para el PSC esta es una atalaya imprescindible para su proyección en Catalunya. Pero hay necesidades de Sánchez que colisionan con las de Illa como jefe de la oposición en el Parlament pese a estar a partir un piñón con el líder del PSOE. Porque mientras el primero precisa de los votos de ERC y de Junts para continuar siendo presidente y consolidarlos como socios, el otro pretende arrebatarle la Generalitat a los republicanos con la vista puesta en unas elecciones catalanas que, a muy tardar, serán en febrero de 2025.
Después de ganar las tres últimas contiendas electorales en Cataluña y de obtener en las generales más votos -1,2 millones- que los tres partidos independentistas juntos, el PSC ni pide elecciones ni se plantea una moción de censura al ‘president’ Pere Aragonès, que cuenta con el apoyo de tan solo 33 diputados y cuya soledad ha sido señalada por la oposición en el debate de política general. A medida que se la brecha entre ERC y Junts se ha ido ensanchando, especialmente desde la ruptura del Govern hace un año, Illa se ha ido abriendo paso pactando con ambos y rompiendo los bloques que se petrificaron durante los momentos más convulsos del ‘procés’. No obstante, la disputa estratégica entre independentistas es ahora un factor de riesgo para Sánchez.
El impacto de una amnistía
A los socialistas catalanes no les queda otra que modular su beligerancia contra Aragonès en un momento en que los independentistas son clave en la aritmética del Congreso y que la negociación pivota en una ley de amnistía. «La prioridad es la investidura», insisten desde la calle Pallars poniendo en un segundo plano sus conveniencias. Para Sánchez, la desjudicialización del ‘procés’ no es solo la factura que tiene que abonar para ser investido, sino también una fórmula para desbrozarse la legislatura y acabar con el factor de desestabilización que suponen las múltiples causas vigentes en los tribunales que pesan sobre el independentismo, que impiden el regreso de dirigentes con alta ascendencia como Carles Puigdemont, y que son un torpedo para cualquier negociación. Más aún cuando en el mandato que se abre el PSOE no tendrá una mayoría alternativa posible que no pase por los partidos soberanistas para aprobar cualquier ley, con los presupuestos a la cabeza. De hecho, los socialistas presumían la pasada legislatura de haber aprobado 220 leyes, un ritmo legislativo que ya asumen que será mucho menor en esta.
Sin embargo, en el PSC fruncen el ceño ante las consecuencias que podría comportar una amnistía en sus expectativas electorales. En la dirección de la calle Pallars ya hay quien hace cálculos sobre qué repercusión podría tener que los líderes del 1-O pudieran concurrir a las próximas elecciones catalanas en caso de pactarse una exoneración absoluta de todos ellos y si eso podría desbaratar las posibilidades de Illa de ser ‘president’ ahora que tiene el viento a favor con un independentismo que acusa la división y que viene de sufrir los primeros varapalos en las urnas. La desmovilización ha sido uno de los factores del correctivo, pero existe la incógnita de si podría revertirse si los principales dirigentes del ‘procés’ vuelven al ruedo como candidatos.
Antes de pasar por las urnas llegarán también los presupuestos de 2024, para los que tanto Illa como los Comuns ya han ofrecido colaboración a pesar de ser conscientes de que, con ellos, Aragonès se asegura poder agotar la legislatura. La mayor zancadilla al ‘president’ sería cortocircuitarlos, pero también Sánchez si es investido necesitará el apoyo tanto de republicanos como de posconvergentes para aprobar sus cuentas, por lo que Illa, que se reivindica en la «alternativa», tendrá que dar continuidad a su política de «mano tendida» que sustenta en ser «útil» para la ciudadanía y no para salvar al Govern. Y si se amplía más el foco, está también el Ayuntamiento de Barcelona, donde un Jaume Collboni con tan solo 10 concejales de 41 necesitará también socios para el pacto económico. Las necesidades aprietan a la par que colisionan los intereses.
