La capacidad del sistema de atención a las personas sin hogar aumentó en 2022 un 22 % respecto a dos años antes, pero casi la mitad de las nuevas plazas estaban en albergues, recursos de emergencia que, alerta la plataforma Hogar Sí, no ofrecen alternativas a largo plazo a quienes viven en la calle.
¿La solución? Transformar el sistema y orientarlo hacia el modelo de «Housing First», que ofrece a personas en riesgo de exclusión una vivienda compartida de forma temporal y apoyo socioeducativo personalizado.
«Los albergues no funcionan para conseguir que las personas sin hogar se recuperen y puedan salir adelante», advierte en una entrevista con EFE el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.
La Encuesta de Centros y Servicios de Atención a Personas sin Hogar publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que el año pasado se alojaron en pisos o apartamentos 7.921 personas sin hogar, de media, y en centros colectivos 13.763.
El modelo «Housing First» se empieza a materializar y en diciembre contaba con 671 viviendas (un 57 % más que en 2020). Solo residían en ellas 969 personas.
Los centros colectivos, por regla general, tienen periodos de estancia que varían desde los tres hasta los quince días, un ciclo de entradas y salidas que hace que alrededor de un 20 % de las plazas se queden sin ocupar al cabo del año, a pesar de las 10.300 personas que habitan fuera de este sistema.
«El INE solo cuenta a las personas que acuden a los centros, pero no a las que viven establemente en las calles y deciden no acudir a los recursos», explica.
Y el 96 % de ellas, afirman desde esta entidad, señala que los albergues no les son útiles para recuperar su proyecto de vida como lo harían una vivienda o habitación. Falta de personalización y profesionalización
Según apunta Caballol, los centros colectivos y los albergues tienen que «anteponer su tamaño y sus normas a la individualización y personalización de la atención de estas personas».
Además, más de la mitad de estos recursos están atendidos por personal no profesional, voluntario, religioso o de prácticas.
Caballol advierte además de que la generación de centros orientados en exclusiva o de forma prioritaria a colectivos como los inmigrantes o aquellos que sufren de drogodependencia dificulta su integración social y les impide normalizar su situación.
«Lo que se debería ofrecer a estas personas es una vivienda que les dé acceso y cobertura a los mismos servicios que el resto de ciudadanos», apunta. Transformar el sistema de alojamiento
Su apuesta, transformar el modelo para pasar a un sistema basado en viviendas en entornos comunitarios.
«Claramente es una tendencia al alza, pero debería ir muchísimo más rápido y entendemos debería ser voluntad de las administraciones públicas que se produzca este cambio», expone el director de Hogar Sí, consciente de que se exige un esfuerzo presupuestario.
«Nuestro modelo ideal es que el titular del contrato de alquiler de la vivienda sea el propio inquilino, pero solamente se puede hacer en sitios donde hay vivienda pública disponible y cuando la renta que se pide es asequible para sus ingresos», explica Caballol.
En Asturias, por ejemplo, ya se avanza en ese modelo: la titularidad del contrato de arrendamiento es de la persona sin hogar y ésta debe pagar un 20 % de los ingresos que tenga para el alquiler.
Sin embargo, en la mayoría de sitios es Hogar Sí quien alquila en el mercado privado o la que gestiona las viviendas públicas que les ceden para que las personas puedan tener un título legal.
«Hemos observado que alquilar viviendas en el mercado privado es solo un 1,2 % más caro que el sistema de los albergues, ya que se debe pagar la infraestructura, servicios de limpieza, seguridad, comida…», cuenta el director.
A largo plazo, asegura, «Housing First» no solo es de más ayuda para la persona, «sino que produce ahorros porque los servicios que necesita son los de atención primaria». EFE
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