La Fiscalía solicita entre 22 y 27 años de cárcel para los cinco mayores de edad acusados de matar a Samuel Luiz la madrugada del 3 de julio de 2021. En su escrito, el Ministerio público les imputa a todos ellos un delito de asesinato con alevosía y enseñamiento, así como uno de robo con violencia a uno de ellos —el cuarto detenido— por sustraerle el teléfono móvil a la víctima tras la paliza mortal. Además, a dos de ellos —a la pareja formada por el primer agresor y su novia— les aplica la agravante de discriminación porque su reacción, recoge el escrito, fue “mucho más virulenta” al entender que su víctima era homosexual e incluso le profirieron gritos de “maricón”. El juicio se celebrará con jurado popular.
El escrito de acusación de la Fiscalía, rubricado por la sección de delitos de odio y discriminación, recoge la petición de 25 años de cárcel para D. M. M. y C. S. B. por un delito de asesinato. Fueron las dos personas que se encontraron a Samuel tras salir del pub Andén, en los bajos del Playa Club, en la madrugada del 3 de julio de hace dos años mientras este hacía una videollamada. “Deja de grabarnos”, le recriminó D.M.M quien, además, “interpretó” que Samuel era “homosexual, hecho que desencadenó una reacción aún más virulenta en el acusado “por la animadversión” que sentía hacia los miembros del colectivo, sostiene la Fiscalía. Fue en ese momento cuando, según relata el Ministerio público, “de forma sorpresiva y repentina con ánimo de causarle la muerte” empezó a golpearle con “puñetazos y patadas, principalmente en la zona de la cabeza y la cara”.
A la pelea se unió otro de los acusados, A. F. G., para el que la Fiscalía pide 22 años de prisión, que era “perfectamente consciente de la brutalidad de la acción que estaban ejecutando y las gravísimas consecuencias que pudieran derivarse para la integridad física de su víctima”.
La acusada C.S.B., que estaba desde el principio en el lugar de la pelea y “compartía plenamente”, según el escrito, la “profunda animadversión” de D.M.M. “hacia la homosexualidad atribuida a Samuel”, se aseguró de que “nadie ayudase” al joven agredido, empujando a la amiga que la acompañaba, Lina, y “ayudando de forma activa” a sus amigos.
A continuación, a la pelea se unieron otras personas, entre las que se encontraban los dos menores de edad que llegaron a un acuerdo previo al juicio que se iba a celebrar contra ellos por estos hechos y que fueron condenados en marzo de 2022 por un delito de asesinato. También se incorporaron los otros dos acusados, K.A.S.C. y A.M.R. Para este último, la Fiscalía pide 22 años de prisión, mientras que para el otro serían 22 años de cárcel por un delito de asesinato y otros cinco años por un delito de robo con violencia, pues se llevó el teléfono móvil de Samuel Luiz.
En el caso de los acusados mayores de edad y pendientes de juicio, tres de ellos están en prisión provisional desde el 9 de julio de 2021. La joven está investigada desde ese mismo día, con la obligación de personarse en el juzgado periódicamente, y A.M.R., el último detenido por los hechos, entró en prisión a finales de septiembre de 2021, pero salió un mes después, por lo que está en libertad, aunque también con la obligación de personarse en el juzgado.
La Fiscalía concluye que “todos los acusados eran conscientes de que con la duración y persistencia de los golpes que le propinaban” a la víctima “podían ocasionarle la muerte”. Además, algunos de ellos impidieron la huida de Samuel y dificultaron cualquier tipo de ayuda, a pesar de que los senegaleses Ibrahima y Magatte intentaron socorrerle. Los golpes continuaron, lo que supone, apunta el escrito del Ministerio público, un “reflejo de una crueldad y deshumanización extremas”. La Fiscalía señala que Samuel “cayó al suelo desplomado e inconsciente” sobre las tres de la madrugada del 3 de julio de 2021 y falleció a las 06.50 horas en el hospital de A Coruña por un traumatismo cráneoencefálico y una hemorragia subaracnoidea. Aunque durante las primeras investigaciones se apuntaba a una botella como posible arma del crimen, el escrito de Fiscalía no refleja la utilización de este elemento.
Además de las penas de cárcel, el Ministerio público solicita la indemnización, por parte de los acusados —incluidos los dos menores—, a los padres del asesinado y a su hermana por los perjuicios y daños morales ocasionados con la cantidad total de 263.284 euros. Además, solicita el pago de 40.000 euros al padre de Samuel por la incapacidad permanente en el grado de total para la profesión habitual. También el acusado de robar el móvil de la víctima deberá abonar 859 euros, el valor del terminal, ya que confesó que lo había tirado a unos contenedores, por lo que nunca ha podido ser recuperado.
