El Parlamento catalán ha hecho de la confusión su doctrina oficial desde hace mucho tiempo. Sin embargo, probablemente nunca había alcanzado el cénit de la gesticulación política como ha sucedido en las votaciones de las resoluciones del debate de política general celebrado esta semana. ERC y Junts demostraron una vez más que consideran la cámara catalana como un simple altavoz de su estrategia política en cuanto logran una mínima unidad de acción. En este caso para exprimir al máximo la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez en su aspiración de ser investido presidente del gobierno español. Con todo, Junts no escatimó ninguna crítica al gobierno minoritario de ERC.
El resumen de la sesión vendría a ser el siguiente. ERC y Junts consiguen aprobar, gracias a la abstención de la CUP, un acuerdo para que los grupos políticos catalanes en el Congreso no voten la investidura de nadie que no acepte convocar un referéndum de independencia. Estos dos partidos, junto a la CUP y los Comunes, exigen también la amnistía; los socialistas catalanes no apoyan la ley del olvido, mientras que sus compañeros del PSOE no ocultan que la están estudiando. Luego, el PSC, Junts y los Comunes aprueban tres resoluciones para recriminar el déficit de liderazgo de Pere Aragonés y la falta de confianza en su gobierno; pero de esta posición mayoritaria no se derive ninguna moción de censura. Además, ERC, PSC, Comunes y CUP urgen al gobierno en funciones de Sánchez a que obtenga la oficialidad del catalán en la Unión Europea antes del 24 de octubre de este año, sin convencer a Junts para que sume a una presión que Puigdemont ha hecho suya. Y para acabar, ni los Comunes votan la propuesta del PSC para avanzar en el reencuentro de los catalanes gracias al diálogo dentro de la Constitución.
La exigencia a Pedro Sánchez de un compromiso para convocar un referéndum de autodeterminación para obtener los votos de los diputados de ERC y Junts se venía venir desde el momento que ambos partidos entraron en competencia pública para ver quien elevaba más el precio de la investidura. Los dos partidos han llegado a la misma conclusión y nadie que siga a los prescriptores independentistas puede extrañarse de ello. La fuerza más relevante que tiene ahora mismo el independentismo es la perentoria necesidad de Sánchez. El PSOE y primer secretario del PSC, Salvador Illa, reaccionaron con disgusto a la exigencia autodeterminista, abriendo la puerta a la repetición electoral ante lo que consideran un “error” de ERC y Junts. Los Comunes, además de disgusto, expresaron desde el atril del Parlament el fastidio del que se ha creído alguna promesa negociadora finalmente violada.
La resolución del Parlament sobre el referéndum innegociable para investir a un futuro presidente español no pretende comprometer solo a ERC y a Junts, sino a “todos los grupos catalanes con representación en las Cortes españolas”. Sin embargo, resulta que de los 48 diputados que le corresponden a Cataluña en el Congreso, 26 están en las filas del PSC y los Comunes, mientras que ERC y Junts suman 14.
La mayoría de los diputados catalanes pues darán su apoyo a Pedro Sánchez, sin exigirle ningún referéndum, salvo sorpresa de que los Comunes-Sumar no cierren un pacto con el PSOE y PSC de no gustarle la propuesta sobre la amnistía que vayan a redactar los socialistas. El voto en contra del PSC a la exigencia de esta eventual ley orgánica permite vislumbrar alguna diferencia de concepción entre los dos socios de gobierno sobre este tema, una diferencia que se repitió en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que también pidió la amnistía con los votos de Junts, ERC y Comunes.
A menos que ERC, Junts y la CUP consideren que los diputados del PSC y los del Comunes no son catalanes, la resolución del Parlament es poca cosa más que un globo sonda para comprobar cuán cerca del precipicio está dispuesto a asomarse Sánchez para seguir en la Moncloa sin convocar nuevas elecciones. Por otra parte, esta apariencia de unidad de los partidos independentistas en el Parlamen fue flor de un par de votaciones. Junts se sumó sin remilgos a las recriminaciones de PSC y Comunes a Aragonés y su gobierno, yendo incluso algo más lejos que ellos. El partido de Puigdemont exigió el avance electoral en Cataluña, mientras que los otros dos grupos censuradores ofrecieron a los republicanos diálogo para agotar la legislatura.
