El Tribunal Constitucional de Guatemala ha rechazado el recurso presentado por el vicepresidente saliente, Guillermo Castillo, para preservar su inmunidad de cara a un proceso judicial y ha dejado ahora el caso queda ahora en manos del Congreso.
Castillo buscaba dejar sin efecto una resolución adoptada en julio de 2020 por el Supremo, que avalaba la retirada de esta inmunidad, conocida en Guatemala por el nombre de ‘antejuicio’, según han explicado fuentes judiciales.
Con esta resolución, el fallo del Supremo queda ahora en firme y le corresponderá al Congreso guatemalteco analizar su caso y determinar si debe gozar o no de su inmunidad. El Constitucional alega que la decisión ha sido tomada en «virtud del estudio de las constancias procesales», que han permitido establecer que el Supremo «no ocasionó vulneración alguna de los derechos del postulante» y se ha limitado a «establecer la existencia o no de motivaciones espurias, políticas o ilegítimas en el planteamiento de la denuncia presentada en su contra».
El Supremo había admitido a trámite una solicitud para retirarle la inmunidad siguiendo la petición del abogado Nimrod Estévez González, según informaciones del diario ‘Prensa Libre’. Castillo, por su parte, ha indicado que el caso en su contra está vinculado al nombramiento de una abogada al frente de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) después de la salida de su titular, Óscar Conde, que pasó a ocupar un cargo ministerial.
Entonces, el vicepresidente señaló que la solicitud para retirarle la inmunidad era «política» y afirmó que algunos magistrados del Supremo votaron en contra. Posteriormente, presentó un recurso de amparo para lograr el mantenimiento de la inmunidad, que está regulada en la Ley en Materia de Antejuicio.
Sin embargo, la acusación señala que el nombramiento de esta abogada se realizó de forma ilegal –dado que se saltó todo el proceso oficial establecido para ello– a pesar de que desde el Gobierno aseguran que se hizo de forma temporal para ocupar el cargo durante dos meses tras la renuncia de Conde.
El Congreso debe dar el visto bueno a la retirada de la inmunidad contra altos cargos tras analizar los autos. Así, la Junta Directiva deberá trasladar el asunto al pleno del Congreso en la próxima sesión ordinaria tras la recepción de los documentos y el inicio del trámite.
Según la ley, el ‘antejuicio’ es la garantía que da la Constitución a los altos cargos y funcionarios de no ser detenidos ni sometidos a procesos penales ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista una declaración por parte de la autoridad competente.
