El colectivo de abogados y procuradores está en pie de guerra. Este jueves decenas de profesionales se manifestaron frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia para clamar por una “jubilación digna”. Y es que en estos momentos, según explica a La Opinión Pedro López Graña, letrado en la capital, los abogados que se jubilan, pese a haber cotizado durante décadas, “están cobrando en torno a 200 y 400 euros de pensión”, sin pagas extras ni actualización de IPC.
Esta situación afecta a todos aquellos abogados y procuradores que se vieron obligados a inscribirse en la Mutualidad General de la Abogacía y la Procuraduría, y a aquellos que optaron por ese sistema (después de que dejara de ser obligatorio a partir de 1995), que “se vendió como alternativo, pero que realmente no cumple con las garantías de unas pensiones y prestaciones mínimas dignas”, denuncia el colectivo.
“Estoy viendo como compañeros míos que tienen 68 años siguen ejerciendo, ¿cómo no los va ha haber si se han quedado con pensiones irrisorias?, así no se puede vivir”. Tal es la situación que describe por su parte Valentín Fernández, del despacho Legamur Abogados, uno de los afectados.
Sin poder precisar el número exacto de los profesionales afectados en la Región de Murcia, según los datos publicados por la Mutualidad de la Abogacía, el número de mutualistas en activo son alrededor de 3.684, de los que alrededor de 2.058 serían como sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). A su vez, según los datos publicados por la Mutualidad de Procuradores, el número de procuradores afectados en la Región de Murcia asciende a un total de 191 mutualistas en activo, de los que 162 serían como sistema alternativo al RETA.
El RETA es el sistema público de la Seguridad Social, que se planteó como alternativa a la Mutualidad en el año 95 y al que ahora quieren acogerse los abogados y procuradores de toda España. Bajo el movimiento llamado J2, exigen al Estado que se produzca lo que ellos definen como una “pasarela”, a saber, el traspaso al Sistema de la Seguridad Social con las aportaciones realizadas a la Mutualidad, lo que permitiría, según ellos, “garantizar unas pensiones dignas”.
Moción de Vox para presionar al Estado
Y es que, según explica López Graña, uno de los principales impuslores del movimiento en la Región y que tiene la intención de presentar su candidatura al decanato del Colegio de Abogados de Murcia, tal y como ha adelantado a La Opinión, “ahora mismo una persona que no ha cotizado en toda su vida, pero que ha cobrado por un salario o un ingreso mínimo vital, tiene más pensión de jubilación mínima que un abogado que ha cotizado 38 o 40 años”. Una persona que no ha hecho nada en su vida, por un salario o un ingreso mínimo vital, tiene más retribución que cualquier abogado de los que están cobrando ahora, que son mayores, que cobran 300 o 400 euros. Por tanto, pedimos una cuestión que es de justicia material y además de legalidad. Porque tanto las normas europeas como nuestras propias normas esenciales, Constitución, Ley General de la Seguridad Social, dicen que cualquier ciudadano debe tener una pensión mínima en su vida de jubilación. Así que es una reivindicación de que se cumplan las normas mínimas y además una reivindicación de justicia social. Porque hay gente que no ha tenido la suerte de los grandes despachos de abogados y no pueden vivir con la pensión de jubilación que tienen.
Para lograr el cambio han presentado, de la mano de Vox, una moción en la Asamblea Regional en la que piden al Gobierno de la Nación que realice las actuaciones y modificaciones necesarias en la ley, en relación con los profesionales de la abogacía y la procura que tienen contratada, o que la han tenido, la Mutualidad.
El movimiento J2 se ha dado de forma simultánea en otras ciudades españolas como Jaén, Lugo, Granada, Barcelona, Almería, Huelva, Valencia, León, Vizcaya, Santiago de Compostela, Álava, Córdoba y Ponferrada.
