El ministerio público ya se opuso el pasado 12 de julio a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos que pretendían la paralización de las exhumaciones. Un par de semanas después, el El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional desestimó la suspensión. Ahora, la asociación ha recurrido en apelación la decisión, impugnación a la que la fiscalía se ha opuesto.
La fiscalía, además, ha solicitado la inadmisibilidad de la demanda principal formulada por la asociación, al entender que incurren en falta de legitimación y en que el acto recurrido no es impugnable. El ministerio público argumenta que la suspensión de las actuaciones de exhumación generaría en sí misma un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desparecidas, previsto en el artículo 16 de la ley de Memoria Democrática.
