El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado excarcelar a los condenados en el caso de los ERE de Andalucía que permanecen en prision mientras estudia las cuestiones de fondo planteadas en sus recursos de amparo. La decisión afecta seis exaltos cargos que permanecen en prisión desde finales de diciembre de 2022 y principios de enero de 2023, según los casos.
Se trataba de una medida cautelar que también había presentado el ex presidente andaluz José Antonio Griñán —sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación– pero de la que ha desistido por econtrarse ya en libertad dado su precario estado de salud. La Audiencia de Sevilla acorddó el pasado junio suspender su ingreso en prisión durante cinco años al considerar que el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece era incompatible con su estancia en un centro penitenciario.
Días antes, el Constitucional había rechazado las medidas cautelarísimas -a resolver sin tener que escuchar antes al resto de partes- planteadas inicialmente por Griñán y los demás condenados, al tiempo que admitió a trámite entrar en el fondo de las impugnaciones.
Una vez resuelta la cuestión de las suspensiones de condena -que habrían conllevado la excarcelación de todos los afectados- los recursos seguirán su recorrido en el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados valorarán ahora si durante el proceso penal se vulneraron sus derechos fundamentales.
Además de Griñán, impugnaron el también ex presidente andaluz Manuel Chaves, que fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación; así como la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, Miguel Ángel Serrano, Juan Márquez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, Carmen Martínez, Gaspar Zarrias, Antonio Vicente Lozano y José Antonio Vera.
