Los ministros de Industria de los Veintisiete han alcanzado este lunes un acuerdo político sobre la nueva norma Euro 7, que regulará las emisiones contaminantes de turismos, furgonetas, autobuses y camiones a partir de 2026. El compromiso aprobado suaviza considerablemente los límites previstos en la propuesta original de la Comisión de Ursula von der Leyen. Una relajación que la presidencia española justifica por la necesidad de preservar la competitividad de la industria automovilística europea frente a Estados Unidos o China.
«La industria del automóvil se está enfrentando a desafíos sin precedentes relacionados con las consecuencias de la guerra en Ucrania, el acceso limitado a las materias primas y el importante aumento de los precios de la energía», ha explicado el ministro de Industria, Héctor Gómez, que ha presidido la reunión en Bruselas.
«A la vista de estos factores, en los debates sobre la propuesta Euro 7 fue especialmente importante encontrar un término medio entre la necesidad de mejorar la calidad del aire y proteger la salud humana, por un lado, y lograr que la industria europea del automóvil siga siendo competitiva en la escena mundial, por otro», ha explicado Gómez.
[La UE impondrá por primera vez límites a las emisiones de partículas de los frenos y neumáticos de los coches]
En particular, la industria se quejaba de que la norma Euro 7 es innecesaria dado que la UE ya ha acordado prohibir los coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035. Y argumentaba que cumplir los nuevos límites de emisiones contaminantes que proponía Bruselas suponía un escollo importante en la transición hacia el coche eléctrico.
Al final, los Veintisiete han hecho caso a las presiones de la industria. El texto aprobado mantiene sin cambios los límites de emisiones y las condiciones de ensayo para turismos y furgonetas particulares que ya recoge la norma Euro 6. En el caso de los vehículos pesados, se reducen los límites de emisiones y se introducen ajustes mínimos en las condiciones de ensayo.
La norma Euro 7, que todavía está pendiente de ratificación por la Eurocámara, también contiene una disposición especial sobre autobuses urbanos para garantizar la coherencia con el nuevo objetivo de cero emisiones para estos vehículos, propuesto para 2030.
La principal novedad del reglamento es que por primera vez establece límites para las emisiones distintas a las del tubo de escape, como las partículas procedentes de los frenos y los neumáticos. Pero también aquí se ha suavizado la propuesta original de Bruselas para alinearla con las normas internacionales adoptadas por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
Finalmente, la norma Euro 7 establece requisitos mínimos de rendimiento en cuanto a la durabilidad de las baterías en los vehículos eléctricos e impone exigencias más estrictas en lo que respecta a la vida útil de los vehículos.
Para la ONG Transporte y Medio Ambiente, el acuerdo «socava por completo los esfuerzos para reducir la contaminación tóxica del tubo de escape bombeada al aire que respiramos». «Los ocho Estados miembros -Bulgaria, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia- que han presionado por los intereses de la industria automovilística por encima de la salud de sus propios ciudadanos deberían sentirse avergonzados», ha dicho su portavoz, Anna Krajinska.
Por su parte, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) considera que el acuerdo de este lunes es «un paso en la buena dirección» aunque avisa de que «la presión sobre los costes sigue siendo alta».
«La posición de los Estados miembros es una mejora con respecto a la propuesta Euro 7 de la Comisión Europea, que era completamente desproporcionada, generando altos costes para la industria y los clientes, con beneficios ambientales limitados», ha dicho el director general de ACEA, Sigrid de Vries.
«Sin embargo, en comparación con lo que está en vigor hoy en día, la Euro 7 es mucho más amplia para los coches nuevos, las furgonetas y, en particular, los vehículos pesados, lo que requiere importantes esfuerzos de ingeniería y pruebas. Como tal, requerirá enormes inversiones adicionales de nuestra industria en un momento en el que está invirtiendo todos sus recursos en la descarbonización», se queja ACEA.
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