Demandó a las tres principales dirigentes del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez ‘Pam’, por «denigrarla, ensuciar su imagen y dañar su reputación» al financiar con dinero público una exposición contra la explotación sexual en la estación de Atocha, el pasado enero, en la que se acusaba a la exactriz porno de «defender la violación y la pedofilia». Ahora, la exactriz porno Amarna Miller ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo acusándolas de un delito de odio y otro de injurias y calumnias, según ha podido saber CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
Su querella se dirige también contra la directora y la diseñadora de la performance, así como un alto cargo de Adif, este último por permitir celebrar la exposición en sus instalaciones.
«Pisotea el feminismo»
La muestra, bautizada como «Mercado Canalla: reflexiones sobre la prostitución y la pornografía en construcción de las masculinidades», estaba formada por pancartas con acusaciones contra Miller tales como: «Amarna no tiene sororidad, usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotea el colectivo (…). No sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violación«.
Denuncia que la performance «criminaliza al colectivo feminista pro-derechos, que defiende la despenalización de la prostitución», del que la influencer es «estandarte»
También incluía maniquíes para representar «la cosificación del cuerpo de la mujer» y paneles con textos contra la pornografía. En varios de ellos se señalaba a Miller con sus iniciales: «Lo que dice A.M se lo han inculcado de pequeña y ve normal traspasarlo. Trabaja en ello y le conviene defenderlo. Amarna pretende que cambiemos nuestra visión sobre el porno solo por cómo le va a ella de bien«.
Amarna Miller considera que las «graves acusaciones» vertidas contra ella en la exposición constituyen un delito de incitación al odio «por razones de género e ideología» contra una parte del colectivo feminista: «el mensaje lanzado criminaliza el feminismo libertario o pro-derechos, que defiende la despenalización de la prostitución y las trabajadoras sexuales», ya que (en la performance) «se acusa directamente a Miller, estandarte del feminismo pro-derechos, de defender la violación y la pedofilia».
El Ministerio de Igualdad concedió 14.999 euros de fondos públicos a la exposición que incluía pancartas contra Miller: «No sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violación»
La también influencer detalla en su querella que, con la exposición, los querellados cometieron «un ataque frontal» contra los integrantes de ese colectivo feminista en el que ella se incluye y, en concreto, «contra su ideología, su sexo, su orientación sexual y también es un ataque por razones de género».
«Una burla del feminismo»
«Si bien se la ataca a ella directamente, también se daña su reputación como figura pública, mediática y de gran reconocimiento a nivel nacional, por su lucha por el feminismo y sus labores sociales», añade. La exactriz porno asegura que las «feroces injurias» vertidas contra ella en la performance celebrada en Atocha han mermado su credibilidad, «haciendo que el ideario de Miller y sus intervenciones sean vistas, por una gran parte del colectivo feminista, como una parodia o burla del feminismo«.
Miller pide al Alto Tribunal que interrogue tanto a la directora y a la diseñadora de la exposición como la Ministra de Igualdad, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la secretaria de Estado de Igualdad y al directivo de Adif. También solicita a los querellados que la indemnicen con 280.000 euros por los daños y perjuicios que le han ocasionado.
Fondos públicos
La exactriz porno asegura en su querella que Montero, Rosell y Rodríguez «estudiaron el proyecto, le dieron el visto bueno y adjudicaron 14.999 euros de fondos públicos con los que se financió» la exposición. Según la mujer, que en 2015 posó desnuda en sus redes sociales para pedir el voto para Podemos en las elecciones generales, las tres dirigentes de Igualdad «participaron activamente en la elección de la exposición» y son «responsables» de ella «como órgano de contratación del ministerio».
Según la documentación que la actriz ha aportado en su querella, el Ministerio de Igualdad financió la exposición «con una adjudicación directa de fondos», ya que no conllevaba una cantidad económica elevada: «se trata de un contrato menor, por lo que no estaba sujeto a publicidad». Preguntados por CASO ABIERTO, fuentes del Ministerio de Igualdad aclararon que la exposición, que fue inaugurada por Rosell, «contenía declaraciones y opiniones de adolescentes sobre el tema de la muestra».
«Nada artístico»
«Es innegable que la intención de las autoras fue la de difamar y desprestigiar a Amarna, sin tener ningún otro ánimo, como podría haber sido realizar una verdadera campaña en contra de la violencia de género y la trata de mujeres y no utilizar el erario público para desprestigiar a una influencer defensora incólume de la lucha contra la violencia de género y la trata», afirma en su querella Miller, representada por el despacho de abogados Martínez-Echevarría.
Añade que «un ataque tan feroz haya sido financiado y realizado en connivencia con el Ministerio de Igualdad ha hecho a Miller desconfiar de la misma institución que promulga la igualdad y el respeto, generándole un serio miedo a expresarse en público con libertad». Contactados por este medio, ni los abogados de Miller ni su entorno han querido hacer ningún comentario.
La exactriz porno denuncia que «las acusaciones que se vertieron en la exposición contra ella son «vejatorias y gravísimas» y critica que «no hay nada de artístico en imputar hechos delictivos (como defender la violación y la pedofilia) a una persona inocente».
«Persecución de Igualdad»
Sus abogados recuerdan que Miller es una «artista de reconocido prestigio y proyección pública en España» por su trayectoria como activista y divulgadora feminista, que ha recibido premios por su actividad en pro de los derechos de las mujeres».
Miller hace constar en su querella que todo lo ocurrido le ha generado un «perjuicio económico», ya que a raíz de la exposición «ha perdido contratos de trabajo», e incluso ha sufrido «episodios depresivos y ansiosos», por culpa de «la persecución injustificada que se ha hecho de su persona por parte de Igualdad y sus acólitos».
