El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no consultó a la Fiscalía si debía abrir diligencias para determinar si el intento de sabotaje preparado al paso del pelotón de la Vuelta Ciclista a España por Cataluña tenía relación con los Comités de Defensa de la República (CDR). El juez Joaquín Gadea lo hizo al recibir un informe policial en ese sentido, mientras estaba en funciones de guardia. Ahora el Ministerio Público se revuelve y ha informado en contra de la apertura, al entender que es incompatible con el procedimiento abierto en el juzgado único de Solsona por estos hechos.
En opinión del Ministerio Público, en el caso de que se determinara que lo ocurrido en Cataluña al paso de la Vuelta ciclista fuera constitutivo de un delito de terrorismo, incluido entre los que son competencia de la Audiencia Nacional, se debería solicitar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción catalán que lleva las actuaciones que se inhiba a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6, pero no puede haber dos causas abiertas en dos juzgados distintos por los mismos hechos.
Es decir, que su petición de archivo no se produce tras una valoración de lo ocurrido y determinar que tirar 400 kilos de combustible desde un puente al paso del pelotón es un delito de terrorismo o está cometido por miembros de una organización terrorista, delito que se atribuye a los presuntos miembros de una célula de los CDR a los que se investiga en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional.
La apertura de diligencias por parte del magistrado de refuerzo del Juzgado Central número 6 pretendía determinar si había conexión con los CDR a raíz de un atestado de la Policía Nacional recibido en su juzgado durante la guardia. Para comprobarlo solicitó informes a la policía y a la Guardia Civil en relación con los Comités de Defensa de la República.
