Las voces de alarma sobre la sobresaturación de Alemania para acoger a más refugiados llegan de todas partes: de los municipios y poderes regionales, que aseguran estar desbordados, o del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien en una entrevista al diario italiano ‘Corriere della Sera’ recordaba que su país ha recibido en la primera mitad del año un tercio del total de peticionarios de asilo llegados a territorio comunitario.
Fueron 220.000 personas hasta septiembre, según cifras del departamento federal de Estadística -Destatis-, lo que supone un incremento interanual del 46%. A ellos se suman otros 45.000 migrantes que se estima ingresaron de forma irregular y los 1,2 millones de ucranianos recibidos por Alemania desde el inicio de la invasión rusa, hace año y medio. Estos últimos no constan en la estadística de los peticionarios de asilo, ya que acceden a prestaciones sociales y pueden incorporarse al mercado laboral de forma automática, de acuerdo a la regulación comunitaria establecida para los millones de ucranianos desplazados. Son categorías distintas, pero las cargas derivadas de su acogida atenazan por igual a pequeños o grandes municipios de todo del país o la sobreendeudada capital, Berlín.
Auge de la ultraderecha
Al peso en las arcas municipales se une el polvorín político. Los sondeos sitúan a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en segunda posición en intención de voto, solo superada por la oposición conservadora. La situación recuerda a la creada en 2015, el anterior año récord en cuanto a cifras de acogidos por Alemania. Entonces la llegada al país de más de un millón de solicitantes de asilo procedentes principalmente de Siria, Afganistán o norte de África precipitó las presiones sobre la entonces cancillera, Angela Merkel, a la que sus filas conservadoras exigían la implantación de un tope. Marcó también el despegue de la AfD, nacida como partido euroescéptico, a la que el voto de protesta antiasilo catapultó dos años después al Parlamento como primera fuerza de la oposición.
Merkel se negó a imponer un tope, pero logró una contención paulatina de esas llegadas gracias en parte al acuerdo migratorio auspiciado por Berlín entre la Unión Europea (UE) y Turquía. El actual tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales de su sucesor, Olaf Scholz, se encuentra ahora una presión similar a la sufrida por la líder conservadora y procedente otra vez de la derecha y la ultraderecha. De nuevo se reclama la implantación de un tope, opción planteada desde el bloque conservador ahora liderado por el derechista Friedrich Merz, histórico rival interno de Merkel.
Imponer una cifra límite no es factible, puesto que vulnera el principio fundamental del derecho al asilo, recordó estos días el viceportavoz de Scholz, Wolfgang Büchner. Es precisa una «solución europea«, añadió el portavoz, quien repitió así el socorrido término al que se invoca en cada crisis migratoria. La semana anterior, el Gobierno alemán suspendió el programa de acogida o reubicación voluntaria de refugiados llegados a Italia. Fue un visto y no visto: Berlín rectificó poco después y pasó a expresar su respaldo al plan migratorio planteado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su visita a Lampedusa.
Polonia, el halcón anti-asilo que reparte visados bajo soborno
Pocos entre los grandes estados miembros de la UE han dado más quebraderos de cabeza a Bruselas que Polonia. No solo por su controvertida reforma judicial, las presiones sobre los medios de comunicación o el colectivo LGTBI, sino especialmente en lo que se refiere a la política migratoria. A menos de un mes de las elecciones generales, no hay día en que el gubernamental partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) del primer ministro, Mateusz Morawiecki, y liderado por Jaroslaw Kaczynski no lance sus pullas contra la reubicación de refugiados entre los estados miembros propuesta por la Comisión Europea (CE).
En la misma jornada de los comicios nacionales se someterá a referéndum la política migratoria de Bruselas. El PiS aspira a que los polacos expresen claramente su rechazo a la línea de la CE. Polonia se considera rehabilitada como país solidario con la acogida brindada a millones de ucranianos. Pero sigue negándose a recibir a otros peticionarios de asilo o migrantes en situación irregular, sobre todo si proceden de países de población mayoritariamente musulmana.
De pronto saltó el escándalo de la supuesta venta de visados de trabajo a través de algunos consulados en Asia y África, principalmente, a cambio de sobornos. El ministro de Exteriores, Zbigniew Rau, niega que haya habido un reparto «masivo» de visados de trabajo bajo soborno, que su departamento cifra en unos 200 casos. En medios polacos y en la oposición liberal se habla de hasta 350.000 visados, entre cuyos destinatarios se incluiría un falso equipo de cine de producciones con el sello ‘Bollywood’.
Bruselas y Berlín, a los que el PiS acusa en su campaña electoral de casi todo por considerarlo tan enemigo como a la UE, han instado a Varsovia a esclarecer el asunto. Al fin y al cabo, obtener un visado de trabajo para Polonia implica la posibilidad de acceder al espacio Schengen. Alemania recuerda además que los millones de refugiados ucranianos que ingresaron en territorio comunitario a través de Polonia no se quedaron en ese país, sino que siguieron hacia otros estados de la Unión Europea (UE). Obtener un permiso de trabajo para Polonia implica para muchos libertad de movimientos a escala comunitaria.
