España se prepara para un despliegue masivo de nuevas instalaciones de energías renovables en los próximos años. Cientos de proyectos verdes, en torno a un millar, tienen un plazo legal concreto para estar operativos a mediados de 2025 y no perder el codiciado permiso de conexión a la red eléctrica.
Las asociaciones empresariales del sector renovable han venido advirtiendo la dificultad para cumplir ese tope temporal, y ahora empiezan a concretar sus reclamaciones al Gobierno (al próximo Gobierno cuando lo haya) y anticipan que se necesitarán al menos dos años más para evitar el colapso de gran parte de esos proyectos.
El Gobierno dio ya antes del verano un balón de oxígeno a cientos de proyectos de nuevas renovables para que sigan vivos. El Consejo de Ministros aprobó en junio un ‘macrodecreto’ escoba que incluía una prórroga de seis meses adicionales para que plantas renovables en proyecto consigan la autorización de construcción, uno de los hitos temporales que han de cumplir en la larga tramitación administrativa de un lustro hasta conseguir estar operativas.
La extensión de seis meses permite aplazar hasta finales de enero (el plazo hasta entonces para la mayoría de proyectos era el 25 de julio) la obligación de contar con el permiso de construcción concedido por el Gobierno o por las comunidades autónomas en función de si el proyecto tiene más o menos de 50 megavatios (MW) de potencia, respectivamente. Pero las renovables alertan de que todo el sector se expone a sufrir un atasco si se mantiene la obligación de que todos los proyectos sean construidos y estén plenamente en funcionamiento sólo 18 meses después.
Dos años más… como mínimo
“La principal preocupación del sector de las renovables es ahora conseguir otra prórroga para construir las plantas. Si no hay prórroga, muchos no llegarán a tiempo y se perderán muchos proyectos tras años de trabajo”, alerta José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en conversación con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. “Hemos trasladado ya al Ministerio para la Transición Ecológica la necesidad de conseguir una extensión de los plazos de dos años más”, lo que implicaría alargar todo el proceso hasta mediados de 2027 en la mayoría de los casos.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) aún trabaja con sus socios para concretar manera definitiva una propuesta al Gobierno. Pero las opciones que hasta ahora se manejan de manera interna pasan por reclamar una “prórroga general de dos o más años” para todos los proyectos o una extensión de los plazos mediante “sistema de cupos por años para que los proyectos se vayan apuntando en función de cuando estarán operativos, en 2025, 2026, 2027…”, explica Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de AEE.
“Hay un enorme volumen de capacidad en tramitación, y no va a ser posible construir todos esos proyectos en 18 meses. Es imposible absorber todos los recursos que se demandarán: trabajadores especializados, grúas, transporte, industria de suministro…”, sostiene Willstedt. “Y con esta situación se van a producir varios efectos negativos. Por un lado, habrá una inflación de los precios de los proveedores por todos los proyectos las necesitarán al mismo tiempo. Por otro, los tiempos de fabricación hará que no haya suficientes aerogeneradores en plazo, lo que servirá para dar entrada a a fabricantes chinos con una capacidad de producción mayor y con ayudas públicas a la exportación, en detrimento de la industria española y europea”.
Las empresas promotoras de proyectos verdes critican que el Gobierno aprovechara el decreto ómnibus de enero sólo para dar más tiempo para cumplir con la autorización de construcción y no se incluyera plazos extra para el resto de hitos administrativos, alargando el tope temporal para entrar en funcionamiento. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se argumentó entonces que no estaba justificado incluir en un real decreto de medidas urgentes la ampliación de un plazo que expiraba en 2025.
Además de la saturación de las cadenas de suministro, desde el sector se advierte de que precisamente las dudas sobre que sean capaces de conseguir cumplir los plazos de los proyectos está dificultando obtener la financiación necesaria de los bancos. Los pequeños y medianos grupos energéticos sin suficiente músculo financiero para cubrir con capital propio las inversiones necesarias se exponen a no conseguir la financiación para seguir adelante.
Mil plantas en juego
El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de 58.000 megavatios (MW) obtuvieron la obligatoria declaración de impacto ambiental (DIA) para seguir adelante con sus planes. Era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las plantas. Tras la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación consiguieron del Gobierno central o de las comunidades autónomas la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y luego les tocaba obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio (ahora prorrogada hasta finales de enero).
Proyectos por 15.000 MW ya habían conseguido este último permiso antes de que se aprobara la prórroga, pero los 43.000 MW restantes se exponían a decaer por el atasco burocrático y porque en muchos casos se les había requerido modificaciones al proyecto o nuevas exigencias que hacían imposible cumplir con el plazo. Además de estos 43.000 MW cuyo tiempo se agotaba de manera inminente, plantas de otros 10.000 MW que disponían de más tiempo y que tenían que obtener los permisos más adelante, también se beneficiarán de la prórroga de seis meses. En total, un millar de proyectos por un total de 68.000 MW deben afrontar sus trabajos de construcción en los próximos años.
El Gobierno de Pedro Sánchez lanzó en junio el proceso para actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta verde del país hasta 2030, para disparar los objetivos de despliegue masivo de energías limpias y de reducción de emisiones para avanzar hacia la descarbonización de la economía.
El borrador de la nueva versión catapulta los objetivos de más renovables (con mucha más energía eólica, más fotovoltaica, más hidrógeno verde, más almacenamiento eléctrico…) con un 56% más de energía verde adicional en relación al plan vigente, aprobado hace tres años. En la práctica, la nueva meta supone que hay que incrementar en 85.000 MW la potencia verde actual. Desde el sector de las renovables se advierte de que para alcanzar la ambiciosa meta de nuevas renovables del nuevo PNIEC es imprescindible evitar el colapso de los 68.000 MW de nueva potencia en verde ahora en tramitación.
Europa quiere acortar plazos
La Unión Europea ultima la aprobación de una reforma de la directiva sobre fuentes de energía renovables que, entre otros aspectos, busca acelerar al máximo la tramitación administrativa de proyectos verdes en todos los estados miembros. El pleno de la Eurocámara aprobó la semana pasada una actualización del texto, que aún debe ser refrendado por el Consejo Europeo, que establece nuevos plazos reducidos para que las autoridades nacionales completen el proceso de autorización de nuevas instalaciones renovables.
La futura directiva revisada fijará que la aprobación de todos los permisos para las nuevas instalaciones verdes no deben tardar más de un año para plantas ubicadas en ‘zonas propias para las renovables’ y de dos años si están fuera de estas zonas (con la posibilidad ampliarse seis meses adicionales por circunstancias extraordinarias). En España hay alrededor del 20% del territorio con una baja sensibilidad ambiental adecuado para instalaciones eólicas y un 35% para fotovoltaica, según el mapa de zonificación desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
