La reforma del mercado eléctrico europeo encara su recta final. El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada su posición final, mientras los Veintiesiete Estados miembros debaten su orientación general. El equilibrio entre las reclamaciones de Alemania, para su industria, y Francia, para sus nucleares, deja fuera de juego las aspiraciones de España de impulsar un mercado de capacidad, que remunere a instalaciones, como las centrales de gas por estar disponibles, según fuentes conocedoras.
«Estamos trabajando para conseguir lo antes posible esa orientación general» e iniciar, así, los trílogos o negociaciones tripartitas para alcanzar un consenso antes de final de año, reveló el miércoles la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, durante su intervención en la inauguración del V Congreso Aelec, organizado por la patronal de las grandes eléctricas, que aúna en sus filas a Iberdrola, Endesa y EDP. Los últimos borradores apenas cuentan con modificaciones sustanciales, más allá de incorporaciones para contentar a las dos potencias centroeuropeas, lo que dejará la decisión final al acuerdo político entre ambos, según otras fuentes.
España fue, además del primer país en pedir a Europa una reforma, uno de los más disruptivos en su planteamientos: obligar a las tecnologías existentes (nuclear e hidráulica) a tener un precio regulado por su generación y fomentar la creación de un mercado paralelo al de la energía –los mercados de capacidad– donde se retribuya a aquellas centrales eléctricas que tienen la posibilidad de decidir cuándo producen energía y cuándo no, como el bombeo hidroeléctrico, las baterías y, sobre todo, los ciclos combinados, por estar siempre disponibles para cuando el sistema lo requiera. Pero ninguna de ellas parece tener cabida en el texto que acuerden los países.
La primera de las reclamaciones se descartó por parte de la Comisión Europea en su propuesta porque enviaría una señal «negativa» a los inversores, pero tras ella España defendía, al menos, desarrollar un verdadero mercado de capacidad y almacenamiento a nivel europeo. Según explicaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, los servicios de capacidad aunque existen en la regulación actual, pero lo hacen como una herramienta de último recurso. Es decir, su puesta en marcha en complicada y lenta. Por ello, el Gobierno español abogaba por modificar la directiva de mercado interior para estandarizar y generalizar estos servicios. Y así lo defienden también las compañías, eléctricas y gasistas.
«Nos preocupa ese tema. Sabemos que la presidencia española de la UE está trabajando y el ministerio también porque es una cuestión importante, pero queremos que la versión final sea positiva para que los mecanismos de capacidad sea parte integral del mercado y no una solución temporal sujeta al procedimiento de ayudas de Estado. Muchos países europeos tienen mercados de capacidad y creo que también deberíamos tenerlos en España», advertía la presidenta de Aelec, Marina Serrano, en conversación con los medios de comunicación durante el foro organizado por esta patronal.
El Gobierno inició los trámites para crear unos mecanismos de capacidad en 2021, pero a día de hoy todavía no se han aprobado ni mucho menos puesto en marcha. Su creación debe contar con el beneplácito de Bruselas para evitar que sean consideradas una ayuda de Estado y el Ejecutivo defiende que el sistema actual es “largo, tedioso y complicado”, por eso quería acelerar su puesta en marcha en la legislación comunitaria. Sin embargo, según fuentes conocedoras, el departamento que lidera la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asume que este mecanismo deberá ser desarrollado por cada país de forma individual sin posibilidad de acelerar esta herramienta a nivel comunitario.
De esta forma, la propuesta se quedaría muy alejada de las pretensiones iniciales españolas, mientras Alemania y Francia logran introducir sus demandas. Ribera afirmaba nada más iniciar España la presidencia del Consejo de la Unión Europea, posición que le presupone como una suerte de árbitro en la negociación, que España sería un intermediario imparcial y el objetivo sería alcanzar los mayores consensos entre los países. «Todos los gobiernos han de entender que deben ceder posiciones para facilitar un acuerdo”, dijo la vicepresidenta en una de sus intervenciones públicas durante el Consejo informal de Energía que se celebró en julio en Valladolid. Y España el primero.
