La historia de nunca acabar

Los ‘peros’ de la actual Ministra a la recalificación

Jorge Azcón comenzó la andadura como alcalde prometiendo un nuevo campo que pretendía costear como se ha hecho tradicionalmente, a base de recalificaciones de suelo donde construir hasta 420 pisos con los que financiar el estadio. La actual ministra, Pilar Alegría, entonces líder de la oposición rechazó esta vía que enterró el covid.

Un folio en blanco cargado de secretos

Cuando el Gobierno del PP (entonces en coalición con Cs) decidió retomar el proyecto lo hizo con un folio en blanco, como exigía el PSOE, ya con Lola Ranera como portavoz. Este acuerdo permitió iniciar un proceso de negociación y participación ciudadana que sirvió para decidir que el nuevo campo se haría en La Romareda. Durante el proceso, el consenso que en un primero momento se alcanzó en el salón de plenos se rompió. Desde entonces, el PP no ha logrado acercar posturas con el PSOE, ZeC o Podemos, que criticaron la privatización del campo. La decisión de Azcón de optar por la fórmula del derecho de superficie (la que dijeron que nunca utilizarían y obligó a modificar el PGOU) solo contentó a Vox.

El Real Zaragoza presenta su proyecto

La llegada del empresario estadounidense al club permitió abrir una nueva ventana en el proceso. Jorge Mas estaba dispuesto a financiar el nuevo estadio. Tanto es así que antes de que salieran a licitación los pliegos municipales para optar a la construcción y explotación del campo, el club presentó su propio proyecto, diseñado por el prestigioso arquitecto César Azcárate. La licitación se hizo pública poco antes de las elecciones y el PP utilizó el estadio como arma electoral.

Podemos lleva el recurso al TACPA

Pese las acusaciones del PSOE sobre la «ilegalidad» de la operación diseñada por Azcón, fue Podemos el que elevó hasta el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) el proyecto. Este órgano lo declaró nulo al considerar que el contrato incluía «prestaciones de un contrato típico administrativo». El Gobierno decidió recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que aceptó sus cautelares, permitiendo que el proceso siguiera su curso. Pero las dudas jurídicas planteadas han acabado por espantar a los inversores que estaban dispuestos a prestarle el dinero al Real Zaragoza para financiar la construcción del campo, con un coste que rondará los 140 millones.

Ahora, a la espera de la sentencia definitiva del TSJA, tanto Chueca como Azcón están dispuestos a crear una sociedad para financiar el estadio. Nada se sabe de la fórmula.