Este martes el euskera se pudo escuchar alto y claro -con la ayuda de los intérpretes- en el Congreso de los Diputados. La primera en hacerlo fue la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pero no fue la única. Incluso Borja Sémper se lanzó a reivindicar su idioma materno, ganándose el apodo de “canelo”, las críticas del ala dura de su propio partido y las mofas de la oposición, que no daban crédito a la estrategia del dirigente popular. No obstante, la festividad que se vivió en Madrid por los defensores de las lenguas cooficiales tuvo un contrapunto en Europa, donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lidió con un Consejo de Asuntos Generales que acabó en tablas: no hay veto, por el momento, al cambio reglamentario; no obstante, y escapando de las críticas, está en juego el veto en clave nacional por la propuesta de priorizar la oficialización del catalán a la del euskera y el gallego.
Fue a la salida del Consejo de Asuntos Generales cuando Albares atendió a los medios de comunicación para explicar su defensa del cambio reglamentario que convertiría en ordinario el uso de las lenguas cooficiales en las administraciones europeas. Pertrechado tras una serie de buenos argumentos -la validación del uso de estos idiomas en el Congreso, los motivos históricos o la cantidad de personas que hacían uso de estas lenguas-, el titular de Asuntos Exteriores escapó del veto con el que amenazaban países como Suecia, Finlandia o Italia ganando tiempo, prometiendo dinero estatal para pagar el proceso y proponiendo una oficialización gradual -primero el catalán, luego el resto-.
Las declaraciones no tardaron en ser analizadas por los responsables de los partidos soberanistas tanto de Euskadi como de Galicia, que, sorprendidos, no acababan de creerse lo que indican que es un mal punto de partida y una traición a la palabra acordada. De hecho, molestaron sobremanera los argumentos que Albares arguyó para convertir el catalán en prioritario: además del número de personas que hacen uso de esta lengua, el ministro explicó que sus representantes políticos (ERC y Junts) habían mostrado una mayor insistencia que el resto (PNV, EH Bildu o BNG).
Como era de esperar, estas tres formaciones no tardaron en salir al paso. Si Albares pedía insistencia, eso tendría: “Esto nos reafirma en la idea de que si queremos que el euskera sea oficial y las y los vascoparlantes tengan salvaguardados sus derechos en la Unión Europea necesitamos un Estado propio”, declaraba Pernando Barrena desde Bruselas. También tirando de representantes europeos, el BNG, con la eurodiputada Ana Miranda, indicaba que «no hay lenguas de primera y de segunda, sino que son todas de primera». Desde más cerca, los pasillos del Congreso, concretamente, era Aitor Esteban, portavoz del PNV en la Cámara Baja, quien redoblaba la apuesta mostrando las cartas que puede jugar próximamente la formación jeltzale: “No sé si esto complicará la investidura, pero, desde luego, no la hará más sencilla”, dejaba caer.
Un aviso a navegantes que, no obstante, aún prefieren no escuchar en Ferraz. Fuentes del cuartel general de los socialistas insisten en la misma premisa que hasta ahora, recordando que es el tiempo de Feijóo y que será solo después cuando entrarán a valorar las complejidades que deriven de una complicada aritmética: “No comentamos nada en esta fase. Como siempre, discreción”, indican.
Desde el ministerio de Asuntos Exteriores, comandado por José Manuel Albares, prefieren guardar silencio. ElPlural.com ha querido saber si esta “oficialización gradual” propuesta por Albares era una estrategia pactada en el seno del Gobierno, además de si tenía algo que contestar al movimiento en el tablero que hacían los partidos soberanistas vascos y gallegos. Sin embargo, a la hora de publicación de este artículo, Moncloa ha rehusado dar declaraciones.
