El Partido Popular y Vox en Andalucía han tumbado este martes todas las enmiendas presentadas por partidos ecologistas -Por Andalucía y Adelante Andalucía- ante la ley de regadíos que afecta a la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana.
En la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz se ha aprobado por dictamen final la proposición de ley para regular la ampliación de los terrenos de regadío, todo ello contando con la mayoría parlamentaria de la derecha y la extrema derecha.
Al finaliza este trámite, la normativa entra en su fase final del procedimiento parlamentario y, por ende, entrará en el Pleno de la Cámara regional para su aprobación definitiva el 27 de septiembre, fecha designada por el PP y que coincide de lleno con la investidura para la presidencia del Gobierno del candidato popular Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados.
La presidenta de la Comisión, Ana Chocano, del PP, se ha mostrado a favor de revisar “de oficio” el texto al término de la votación “por si hubiera que hacer correcciones técnicas o gramaticales”, aunque el diputado socialista Mario Jiménez se ha opuesto, lo que ha impedido realizar este trámite, puesto que precisa de la unanimidad de la sesión. En el caso de que se precise una corrección futura, se deberá convocar una nueva comisión y, por ende, se retrasaría la fecha del Pleno en el que recibirá luz verde con los avales de PP y Vox.
La ley de regadíos de Moreno Bonilla, dos años en trámite parlamentario
El debate sobre los regadíos en la zona norte de Doñana -que afecta a las localidades Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana, todas ellas en la provincia de Huelva- lleva dividido prácticamente desde que comenzó.
Por su parte, la derecha de PP y Vox defienden que la normativa no está dirigida tanto al uso del agua, sino al terreno, a la recalificación de las parcelas de secano a los cultivos de regadío, un total de 700 hectáreas. Es así como argumentan que se podrá regar en un futuro próxima estas áreas siempre que la autoridad competente así lo autorice. A la par, han vuelto a insistir que el agua llegará a las infraestructuras hidráulicas que lo precisen, garantizando que el acuífero de Doñana, ya sobreexplotado, no se tocará.
A la contra, el bloque de izquierdas -conformado por PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía en el parlamento autonómico- se postulan dentro de la línea discursiva de la comunidad científica, de las advertencias legales y políticas, del presidente del Consejo de Participación del Parque Nacional y de la Estación Biológica de Doñana, o las serias advertencias tanto de la Comisión Europea como de la UNESCO. Instituciones y personalidades que advierten de los catastróficos efectos que tendría la puesta en práctica de la norma sobre el ecosistema de Doñana, que ya se ha visto gravemente dañado en los últimos tiempos por los efectos del cambio climático, concretamente, por la sequía.
Por unas razones u otras, las que han prolongado el debate y por la convocatoria anticipada de las elecciones generales y la cita en las urnas para las autonómicas y municipales, entre otros motivos, el proceso parlamentario lleva paralizado ya dos años, pese a que la proposición de ley se ha tramitado por la vía de urgencia.
En un primer momento, se iba a tramitar al término de la anterior legislatura, pero se vio paralizada por el adelante electoral. Posteriormente, fue de la mano de Vox cuando volvió a posicionarse en el centro de la mesa, ya con el Gobierno de mayoría absoluta que obtuvo Moreno Bonilla en las urnas de los andaluces, momento en el que el PP añadió nuevas cláusulas para tratar de bordear las fuertes críticas. Un movimiento que resultó fallido.
