«Es demasiado pronto tomar una decisión hoy». Esta es la respuesta unánime que han dado los ministros de Asuntos Europeos de los 27 a la petición del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE. Sánchez falla el primer pago que le había exigido Carles Puigdemont a cambio de la investidura, lo que amenaza sus posibilidades de repetir en la Moncloa, ya que los siete votos de JxCat son imprescindibles. Junts exigía que la aprobación del catalán se formalizara ya este 19 de septiembre.

Todas las delegaciones han expresado su disposición a examinar en detalle la petición de España y han defendido el multilingüismo en las instituciones de la UE. Al mismo tiempo, la mayoría de ministros han destacado que el reconocimiento del catalán plantea una serie de interrogantes en materia presupuestaria y podría generar un efecto dominó que se contagie a otras lenguas regionales europeas que no están reconocidas en la UE. Unas preguntas que deben responderse antes de adoptar cualquier decisión.

En el debate a puerta cerrada, que ha comenzado con una exposición inicial del ministro José Manuel Albares, han intervenido un total de 21 paíse. Al final no ha habido ninguna votación, tal y como pretendía inicialmente Sánchez. Al final del debate, la presidencia española ha concluido que el trabajo sobre la petición de España continuará en las próximas semanas y meses, pero no se ha puesto ninguna fecha para adoptar una decisión final, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes europeas.

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En un último intento para convencer al resto de países, España había ofrecido asumir todos los gastos de convertir al catalán, gallego y euskera en lenguas oficiales de la UE. Eso supondría en la práctica supondría un trato diferente, un estatus de segunda clase en relación al resto de lenguas que figuran en el reglamento de régimen lingüístico, cuyos costes de traducción e interpretación se pagan con el presupuesto europeo. Pero ni siquiera esto ha servido para convencer a los socios más reticentes.

La mayoría de ministros han expresado sus dudas ya a la entrada de la reunión y ninguno ha sido capaz de concretar los plazos para una posible decisión. La anécdota de la jornada la ha protagonizado el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Anders Adlercreutz, que ha hecho una breve intervención en catalán (que parecía que traía ensayada) en la que ha resumido a la perfección los términos del debate.

«Soy un gran amigo de las lenguas de España. Soy un gran amigo de la lengua catalana. Juntos debemos defender la diversidad lingüística de la UE, pero también debemos conocer las consecuencias de nuestras decisiones. Es demasiado pronto para tomar una decisión hoy»», ha dicho Adlercreutz.

También su colega alemana, Anna Lührmann, ha señalado que la petición de Sánchez plantea muchos interrogantes sin respuesta. Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos de Francia, Laurence Boone, sí que ha echado un cable al Gobierno de Sánchez. El Gobierno de Emmanuel Macron es partidario de crear un grupo de trabajo y pedir un estudio jurídico «para ver cómo podemos dar acomodo a España en este tema«.

¿Teme París un efecto contagio a sus propias lenguas regionales como el bretón o el corso? «Nunca tenemos miedo. Tenemos un marco constitucional y hay un marco jurídico en la UE. Es importante que dediquemos el tiempo necesario a esta cuestión, en particular con grupos de trabajo, para ver cómo y dónde pueden utilizarse las lenguas regionales. Vamos a ayudar a España todo lo que sea posible, tenemos juristas para hacerlo», ha respondido.