“¿Cómo valora la Junta de Castilla y León su política de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda?”. A esa pregunta, realizada en el último Pleno de las Cortes por el procurador socialista José Luis Vázquez, el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, respondió: “Hemos logrado lo que no ha logrado ninguna otra comunidad autónoma: generar ayudas universales, que llegan al cien por cien de las personas, y que hemos mejorado en esta convocatoria”.
Lo cierto es que el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el 19 de octubre de 2022 el extracto de la Orden de 14 de octubre de 2022 por la que se convocaban subvenciones destinadas al alquiler de vivienda, pero casi un año después, 25.000 familias y jóvenes siguen esperando esa ayuda “que necesitan para sus vidas”, dijo Vázquez, que añadió que la gestión de estas ayudas “es un claro ejemplo de gestión de su Junta, la del PP y Vox, incompetente, desleal, con falta de transparencia y empatía”.
El PSOE centra la atención en los “servicios desmantelados” tras “la campaña de publicidad que inundó, una vez más, Castilla y León”: Vivienda, desbordado, dicen los socialistas, ante la avalancha de solicitudes; el 012, “privatizado e ineficiente, que nada sabe de las solicitudes, generando aún más confusión” y los Servicios Territoriales de Movilidad y Transformación Digital, que no tienen servicio de información, y también están desmantelados.
Seis meses para resolver
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se dio un plazo de seis meses para resolver las solicitudes, algo que, según Vázquez, no hizo porque carece de personal suficiente, y pasados esos seis meses, comenzó a enviar requerimientos de subsanación: más de 1.700 en junio de 2023, otros 1.221 en julio, 2.850 más en agosto y 3.000 en septiembre; en total, casi 9.000 requerimientos de subsanación, algo que sugiere que la convocatoria “es confusa y el sistema de información al ciudadano funciona muy mal”, afirma.
“Son incapaces de ponerse en el lugar de la gente a la que dicen representar”, concluye Vázquez, “cuyas rentas no son de 70.000 ni 80.000 euros al año, y necesitan ese dinero para pagar el alquiler, la calefacción o el material escolar, que tampoco esta Junta les facilita”.
Otra propuesta en julio
Los socialistas habían presentado ya otra Proposición No de Ley en julio de este mismo año. En ella recordaban que el periodo establecido para la presentación de solicitudes a la convocatoria, publicada en octubre, fue del 1 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023, y que “el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento” era de seis meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar las solicitudes.
El plazo venció, coincidiendo con la propuesta socialista, sin haberse dictado ni publicado resolución, y los partidos en el Gobierno de Castilla y León (PP y Vox) rechazaron la propuesta del PSOE para que se procediera “a la mayor brevedad posible” a la resolución de la convocatoria y se pagaran las cantidades concedidas a cada beneficiario “con la mayor diligencia”.
El PSOE pedía, además, que se incrementaran los medios materiales y humanos de la Dirección General de Vivienda para garantizar que la resolución de próximas convocatorias de subvenciones al alquiler de vivienda se realicen en el plazo establecido en las bases.
El consejero argumenta
En su intervención en el Pleno de las Cortes del pasado día 6, el consejero de Vivienda, Suárez Quiñones, destacó que su departamento ha convocado ayudas al alquiler para todos los solicitantes que cumplan las condiciones, sin límite de crédito, contraponiéndolo al montante determinado por las ayudas del bono social del Gobierno de España, que sólo pudo cubrir las peticiones de 3.000 de los 12.000 ciudadanos que aplicaron.
Quiñones destacó, además, el incremento de las cuantías de subvención, las cifras totales, que han pasado de 2 millones de euros en 2015 a los 30 de 2022, y el hecho de que no haya listas de espera.
