El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sigue buscando ubicaciones para construir los nuevos centros para refugiados con los que quiere ampliar en 5.700 las plazas propias de acogida después de haberse topado con las reticencias de algunos gobiernos municipales y autonómicos.

Con la construcción de nuevos centros o la adaptación de instalaciones ya existentes, el proyecto, financiado con 231 millones procedentes de los fondos europeos Next GenerationEU, busca reforzar el sistema español de acogida de atención humanitaria y de protección internacional y ampliar las 400 plazas gestionadas hasta ahora por la propia administración entre finales de 2024 y principios de 2025.

El departamento de José Luis Escrivá tiene previsto poner en marcha entre 17 y 20 dispositivos con centros de primeras llegadas (CPLL) -7 en Canarias y 2 en la península- y centros de acogida de protección internacional (CAPI).

Desde que en octubre del año pasado se anunciara el proyecto, el ministro ha estado viajando y firmando protocolos con las ciudades y municipios donde se van a crear o adaptar instalaciones, de modo que ya está comprometida la construcción de 7 centros para refugiados -en Mérida (Badajoz), Soria, Villablino (León), Azuqueca de Henares (Guadalajara), Tárrega (Lleida), Castro de Rei (Lugo) y Vitoria- y uno de primeras llegadas en Alcoleja (Alicante).

CANTABRIA, LOGROÑO Y VALLADOLIDAD FRENAN LOS CENTROS

Con los ayuntamientos de Logroño y Valladolid y con el Gobierno de Cantabria se habían alcanzado también compromisos de apertura de centros de acogida, si bien, con el nuevo mapa que salió de las urnas el 28M, estas tres nuevas corporaciones -en manos del PP- han paralizado los acuerdos pactados por los anteriores equipos.