La petición de amnistía causante del debate que amenaza prolongarse bastante tiempo fue formulada hace unos días por Carles Puigdemont. Hasta que el fugado expresident no puso en la mesa de negociación la condición de amnistiar a los inculpados en el referéndum ilegal y en la malversación de caudales públicos por apoyar la independencia de Cataluña, nadie había pensado seriamente en dicha medida.
Naturalmente, los partidos supremacistas de Cataluña, Junts y Esquerra, están a favor de amnistiar a los suyos.
Sumar, también. Su lideresa, Yolanda Díaz, ha iniciado una negociación con Puigdemont para incluir alguna fórmula de amnistía o perdón en los acuerdos con el Partido Socialista. No ha trascendido en qué plazo o calidad serían amnistiados los secesionistas, pero hay línea de trabajo y podría alcanzarse acuerdo. En esta operación, Díaz actúa como secretaria general de Sumar, pero no resulta fácil para la opinión deslindar su imagen de la vicepresidencia que ocupa en el Gobierno de Pedro Sánchez.
El PSOE no desvela sus cartas. En apariencia, permanece a la espera de lo que Sumar y Junts puedan proponerle. Los socialistas tendrán que hilar muy fino para defender una medida que hasta hace poco condenaban, para, beneficiando una vez más a quienes se declaran enemigos de un país al que dicen no pertenecer, no lesionar nuestro Estado de Derecho y evitar el descrédito institucional, desde el tercer poder a la Monarquía. Pero, aunque Sánchez consiguiera rizar el rizo y obtener para su nombramiento los votos de Puigdemont, tendría difícil mantener ese apoyo durante los cuatro años de la legislatura, viéndose con toda probabilidad obligado a renovarlo periódicamente con entregas de nuevas prebendas a Junqueras y a Junts.
Por su parte, el PP juega a favor de una opinión pública española mayoritariamente contraria a esta amnistía, pero corre el riesgo de caer en la demagogia y tensionar aún más el enfrentamiento entre bloques, amén de privarse de futuros apoyos parlamentarios para investiduras o gobiernos.
Todo este barro se evitaría si los dos grandes partidos cimentaran un suelo constitucional donde los pasos de la democracia fueran más seguros, pero –ellos sabrán por qué– prefieren negociar con prófugos y sacar las pancartas a la calle.
