La denuncia por parte del comité de empresa contra el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de suspensión que afectaría toda la plantilla –unos 150 operarios– planteado por Asturiana de Laminados en Villallana ha tenido una contundente respuesta por parte de la dirección del grupo que se ha mostrado muy combativa con la representación social. Tanto que la dirección acusa a los miembros del comité de querer «sacrificar» a los últimos compañeros contratados para evitar así la regulación.
En la tarde del jueves, la plantilla, a través del comité de empresa, anunciaba su intención de llevar el expediente a los tribunales, y acusaba a la dirección de la Asla de tener «como única pretensión empeorar las condiciones sociales y económicas de ERTES anteriores, a pesar de que la realidad del escenario actual nos muestra una situación muy distinta, en tanto, no se garantiza al 100% el mantenimiento del empleo, y se pretende una aplicación desigual entre los trabajadores y trabajadoras de Asla «.
Sin embargo, la empresa sostiene una versión distinta. El director de la compañía, Macario Fernández, explicó que «el ERTE planteado en la planta de Villallana es una medida de mantenimiento del empleo que tiene por objeto que la sociedad esté preparada ante situaciones de caída de demanda». Y agregó que este expediente «aún no se ha empezado a aplicar, y se hará de una manera responsable y sólo cuando sea necesario, como así ha sido en los ERTE anteriores». Expedientes a los que hizo referencia Fernández: «Los anteriores han sido tres ERTE desde 2020, de los cuales los dos primeros se dieron durante la pandemia, no llegando a aplicarse el segundo de ellos ni un solo día», dijo, para añadir que esta misma situación «se podría dar en este (ajuste)».
El responsable de la empresa lenense prosiguió su respuesta a los trabajadores asegurando que «evidentemente, aunque esta dirección respeta la decisión del comité de impugnar por vía judicial dicho expediente, no comparte ninguna de las afirmaciones gratuitas que el Comité realiza y que estas serán debidamente rebatidas donde corresponde». Y agrega, cargando contra los responsables sindicales: «La dirección tampoco aceptará la sugerencia del comité de despedir a los últimos incorporados si sobra personal».
Por último, Macario Fernández aseguró que «los administradores de la compañía tienen la obligación del buen gobierno de la misma y tomarán cuantas medidas sean necesarias para no poner en peligro el futuro de la empresa y de sus trabajadores».
