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¿Vamos a decir a los ciudadanos que los políticos pueden robar abiertamente?

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No es tan fácil encontrar a jueces en activo que estos días pongan su rostro para opinar sobre lo que una futura ley de amnistía podría provocar en los tribunales o sobre si ésta cabe o no en la Constitución española. Muchos profesores de Derecho y catedráticos se han impregnado del tema para escribir columnas y artículos opinativos de su visión concreta las últimas semanas de intenso debate y algunos juristas como el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Vicente Guilarte han dado alguna pincelada de lo que pueden opinar. «No sería partidario de una amnistía ocasional y sin consenso mayoritario, pero sabemos la urgencia que hay en los votos de Puigdemont», dijo en una entrevista en Hora25.

María Jesús del Barco, sin embargo, es una de las magistradas que esta semana ha sido muy aplaudida en redes sociales por la claridad de sus intervenciones en distintas entrevistas televisivas. La jueza decana de los juzgados de Madrid es, además, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) mayoritaria en la carrera y tiene claro que la amnistía, ya sea a los líderes del ‘procés’ o a cualquier otro, no cabe en la Carta Magna.

«¿Por qué a ellos sí y no una amnistía a otros funcionarios que han malversado caudales públicos? Que los hay», dice en conversación telefónica con El Independiente. Del Barco acumula en sus redes sociales más de 11.000 seguidores y no es difícil escuchar entre los corrillos judiciales las alabanzas que miembros de la APM hacen a la «valentía» de la presidenta. «¿Vamos a decir a los ciudadanos que los políticos pueden robarnos abiertamente?», se pregunta haciendo alusión a la condena por malversación que el Tribunal Supremo impuso a la mayoría de los sentenciados por el referéndum del 1-0.

En su tourné por los medios ha sido muy explícita. «Tendrían que hacer encaje de bolillos y casi buscar una aguja en un pajar. Me parece bastante complicado encontrar un encaje en la Constitución que niegue la propia Constitución, que niegue el Estado de Derecho, que niegue la igualdad de todos los españoles ante la ley y que niegue la esencia de nuestro sistema democrático», reveló en el programa 120 minutos de Telemadrid.

Para la jueza, es palmario que una amnistía supondría «suprimir las funciones del Poder Judicial, negando el Estado de Derecho actual». Señala a este periódico que si se concede un perdón absoluto a los líderes independentistas sería asemejar a España con un «Estado opresor» porque «negar la existencia de delito» supone «quebrar la separación de poderes».

Su intervención en el programa nocturno de TVE española se hizo viral en redes sociales esta semana. «En la Justicia hay que ser muy preciso en lo que se dice para no dar lugar a malas interpretaciones. Si el legislador hubiera querido decir que estaba prohibido la amnistía , ¿No tenía que haberlo dicho y aprobado?», le interrogó el periodista Xabier Fortes. «Mire usted, si prohíbe algo que tiene unas consencuecias menos graves para el Estado de Derecho, como no va a prohibirse algo que tiene unas consecuencias más graves», aseveró ella.

«La amnistía supone negar la existencia del delito y negar la existencia del delito y dictar una Ley de Amnistía como la del año 1977 tiene su lógica cuando se pasa de una dictadura como la que teníamos en la época de Franco a un Estado democrático, que es el que por suerte venimos disfrutando desde nuestra constitución de 1978», explicó la magistrada. «La Constitución no es un chicle que se estira y se encoge ni una goma que de tanto tirar al final se rompe, ni la democracia puede permitirse estos juegos», esgrimió.

Reynders, Marchena y otros magistrados

El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders evitó pronunciarse sobre la amnistía este jueves en una visita a Madrid, si bien aclaró que siguen «de cerca la situación de España, por supuesto».

Guilarte defendió igualmente esta semana sobre la amnistía que «legalmente cabe todo», pero que había que analizar mucho y utilizar el «consenso»; y Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (y presidente del tribunal que juzgó el ‘procés’) ha advertido que en ocasiones «la autoritas» de los jueces «es pisoteada» en España.

Algunos magistrados eméritos sí se han atrevido a ser mucho más contundentes como el del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero, en este diario que recalcó que una ley de amnistía «sería un varapalo para España que ha sido una dictadura» y que el alto tribunal «quedarían tan mal como el Tribunal de Orden Público en los tiempos de Franco».