En este país quien no piensa como el Gobierno o es un fascista o un golpista. El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha sido acusado por la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez de “golpista”, sencillamente por oponerse a la Ley de Amnistía que prepara el Gobierno y hacer un llamamiento a una marcha cívica para protestar en la calle contra una posible amnistía a los políticos catalanes condenados por el “procés”.
Conviene recodar que la amnistía a diferencia del indulto perdona el delito. De tal manera que lo ocurrido el 1-O fue legal.
El señor Aznar no es santo de mi devoción, mintió en la guerra de Irak y en los atentados del 11-M, pero en esta ocasión tiene toda la razón del mundo, reclamando una respuesta en la calle para evitar que se vulnere la Constitución y el estado de Derecho.
Se puede estar en desacuerdo con el Gobierno y expresarlo libremente, sin que por ello seas un golpista.
Antes de las elecciones del 23-J, el presidente Pedro Sánchez y el resto de ministros socialistas se oponían frontalmente a dos reivindicaciones de los independentistas. La primera era la amnistía y la segunda, el referéndum de independencia. Ninguna de las dos tiene cabida en la Constitución y así lo ha afirmado el propio Pedro Sánchez y el resto de ministros socialistas.
¿Qué ha cambiado? La aritmética parlamentaria. Ahora necesitan los votos de Junts y ERC para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Y lo que antes no se contemplaba ni por asomo por ser inconstitucional ahora se ve de otra manera.
Golpista es Carles Puigdemont. La ministra de Trabajo en funciones Yolanda Díaz que no se reunió con Núñez Feijóo y en su lugar delegó en la portavoz de Sumar, no tuvo el menor reparo en ir a Bruselas para reunirse con el líder de Junts, que continúa fugado de la justicia española.
Recurrir a los votos de un prófugo de la justicia no solo es éticamente y moralmente repudiable es también antidemocrático.
