La Unesco aprobó este miércoles un informe en el que reconoce los progresos realizados por las autoridades para reducir el uso de aguas subterráneas del acuífero de Doñana, pero reitera su «intensa preocupación en cuanto a la sobreexplotación de tres de las masas de agua«.
Por eso pide a España que «ponga en marcha de forma urgente todas las recomendaciones» que realizó la misión de la Unesco de 2020 y también insta al Gobierno a que confirme la aprobación del plan hidrológico para la cuenca del Guadalquivir (2021-2027).
El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Riad, aprobó, sin enmiendas, el documento, que pide además a España que presente un informe actualizado antes del 1 de diciembre de 2024.
En la sesión, el Comité aprobó el documento en el que reconoce el esfuerzo de España por inspeccionar y poner fin a los «pozos ilegales y las tierras agrícolas irrigadas ilegalmente», si bien consideró como «muy preocupante» la propuesta de «cambio legislativo del Parlamento de Andalucía destinado a legalizar los pozos ilegales ya existentes» que podrían socavar los progresos.
Por ello, propuso la creación de un plan especial de gestión de las zonas de irrigación situadas al norte de Doñana con el fin de cerrar los pozos ilegales y consolidar las acciones llevadas a cabo hasta el momento.
En referencia a las masas de agua sobreexplotadas, la Unesco hizo especial hincapié en el estado de la Rocina, Almonte y Marismas, las tres que se encuentran en una situación vulnerable del total de cinco que conforman el espacio natural, y reiteró acciones para protegerlas.
Asimismo, solicitó a las autoridades españolas que confirmen la aprobación del plan hidrológico para la Cuenca del Guadalquivir (2021-2027), incluyendo detalles del proceso de su desarrollo y una evaluación ambiental estratégica actualizada.
Entre los deberes a desarrollar hasta finales del próximo año, España deberá presentar también un plan que defina los impactos probables del cambio climático sobre este espacio natural, así como las medidas de adaptación y mitigación para reducir los efectos tanto en la flora como en la fauna.
Además, valoró positivamente el plan presentado por el Estado para establecer una zona de amortiguamiento para la propiedad, pese a que solicitó a España que presente una propuesta de modificación menor de los límites del área para formalizar la creación de dicha zona.
