El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha anunciado este martes la suspensión temporal de su participación en el proceso de transición con el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, después de que la Fiscalía haya registrado de nuevo las instalaciones del Tribunal supremo Electoral (TSE).
«Los golpistas deben renunciar. La fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, en asociación perversa, han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral, otorgando un disfraz judicial a una acción política escuria del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)», ha denunciado Arévalo.
En este sentido, ha subrayado que «esta vez, en su intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto, han ordenado la apertura de algunas de las cajas que preservan los votos emitidos», mientras que las «únicas autoridades competentes» para su resguardo son el TSE y las juntas electorales. «Estas acciones constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación de la Constitución Política de la República de Guatemala», por lo que «ante esta situación», ha informado a Giammattei de la suspensión de su participación en el proceso.
Asimismo, ha anunciado que está presentando una solicitud de antejuicio en contra de Porras y Orellana, y una denuncia contra Curruchiche y la auxiliar fiscal, Cintia Monterroso. También ha indicado que en los próximos días realizarán una acción de amparo en defensa de la integridad del proceso electoral.
«Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto agresivo a la Constitución y detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas. Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional del país», ha asegurado Arévalo. Así, ha instado a las instituciones a «no prestarse a estas arbitrariedades» y ha recordado que, bajo amparo de la Constitución, «ningún empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito».
«Hago un llamado al pueblo de Guatemala, a los partidos políticos y a todas las personas y organizaciones decentes del país a defender enérgicamente nuestras instituciones democráticas, la Constitución y la voluntad soberana del pueblo de Guatemala realizada libremente en las urnas los días 25 de junio y 20 de agosto del año en curso», ha añadido.
El Gobierno de Guatemala ha señalado que «ha tomado nota del anuncio hecho por el binomio presidencial electo conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera», agregando que «es una decisión que respetamos pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo que no interfieren con el proceso que se había desarrollado». «Reiteramos nuestra firme disposición de retomar inmediatamente el proceso de transición en el momento en que las autoridades electas lo soliciten», afirma el gabinete de Giammattei.
Horas antes, la Organización de Estados Americanos (OEA) había expresado su «profunda preocupación» por las acciones de la Fiscalía en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), asegurando que «la apertura de paquetes electorales por parte de personas e instituciones distintas a las señaladas por ley representa un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular». «Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes», reza un comunicado.
Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes -en comparación con lo que auguraban los sondeos- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
