Pese a ser la amnistía tan antigua como la misma democracia– el general griego Trasíbulo fue el primero en utilizarla en el año 412 A.C.– la medida de gracia no tiene demasiados precedentes en Europa. Concebida para restañar heridas y favorecer procesos de reconciliación, puede llegar a ser un recurso polarizador en cuanto siempre habrá quien interprete que legitima la impunidad. No siempre las amnistías son políticas.
El último caso de amnistía en Europa es muy reciente, pero nada tiene que ver con el debate que hay ahora en Cataluña y España. Fue en Portugal el pasado verano, cuando el Parlamento votó a favor de un proyecto de ley del Gobierno para perdonar y amnistiar a jóvenes de entre 16 y 30 años, con excepciones para delitos graves como homicidios, infanticidio, violencia doméstica, malos tratos, ofensa a la integridad física grave o cualificada, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, secuestro o delitos contra la libertad y autodeterminación sexual. El Gobierno promovió la norma “para impulsar la reinserción social de los jóvenes” con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa en agosto y la visita del papa Francisco y obtuvo un consenso parlamentario casi unánime. Solo 20 diputados (de la ultraderecha y un partido liberal) votaron en contra.
Pero si los independentistas miran ahora a Portugal, es por otra amnistía política, la que en 1996 impulsó el presidente Mario Soares para Otelo Saraiva de Carvalho, uno de los capitanes de la revolución de los claveles que en 1974 acabó con la dictadura, pero al que a principios de los 80 se le relacionó con el grupo Fuerzas Populares 25 de Abril (FP-25), responsable de más de 80 atentados y una docena de muertes. En 1984 fue condenado y cumplió cinco años de prisión. Con él fueron amnistiados los miembros del FP-25 que no tenían delitos de sangre.
Argelia y Nueva Caledonia
También Francia es una referencia para los defensores de la amnistía al ‘procés’. El Estado francés decretó dos amnistías sobre Argelia. La primera fue en el año 1962 en el marco de los acuerdos de Evian que pusieron fin a la guerra de independencia y que conllevó la liberación de miles de detenidos en los campos de concentración en territorio argelino. La segunda fue en el año 1968 y esta fue de signo contrario, tuvo como beneficiarios a los generales que tras la firma de los acuerdos de paz se sublevaron contra el presidente De Gaulle y siguieron actuando en la excolonia. En 1982, el presidente François Mitterrand quiso ampliar esa amnistía devolviéndoles los honores militares.
Francia volvió a recurrir a esta medida en relación con otro conflicto territorial, el de Nueva Caledonia. En el marco de los acuerdos de Matignon de 1988 para pacificar el conflicto con la colonia, se decretó una amnistía y pactó la celebración de un referéndum de autodeterminación. Se han hecho dos consultas, en 2018 y 2020, y ha ganado el ‘no’.
No ha habido ninguna amnistía para el conflicto territorial más sangriento de Europa (guerras aparte): el de Irlanda del Norte, con más de 3500 muertos entre 1970 y 1998, que acabó con la firma de los acuerdos de paz de Viernes Santo. El Gobierno británico trató de impulsar hace dos años una ley que plantea un plazo de prescripción para todos los crímenes cometidos durante el conflicto y que afectaría tanto al Ejército británico como a paramilitares unionistas y republicanos, una ‘amnistía de facto’ a la que vehemente se opusieron las fuerzas políticas norirlandesas y los familiares de víctimas.
Sí que ha habido en la historia europea reciente varios casos de amnistías fiscales: en Italia, Portugal, Grecia, Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda. España ha tenido tres: 1984 con Miguel Boyer al frente del Ministerio de Hacienda, en 1991 con Carlos Solchaga y 2012 con Cristóbal Montoro.
