La compra del 9,9% de Telefónica por parte de Saudi Telecom (STC), controlada en parte por Arabia Saudí, llega a la mesa de la Comisión Europea. Bruselas tendrá que pronunciarse oficialmente sobre la operación a raíz de una batería de preguntas registradas por el eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, que ha reclamando la activación del mecanismo de control de inversiores directas extranjeras (FDI) de la Arabia Saudí para frenar una compra que convierte a STC en el máximo accionista de una empresa de telecomunicaciones estratégica en la UE.
«¿Considera la Comisión que la compra de STC del 9.9% de Telefónica supone una amenaza a la seguridad al tratarse de una empresa controlada por un tercer estado y de un sector estratégico de tecnologías e infraestructuras críticas?” y ¿piensa la Comisión Europea debe intervenir para evitar que un régimen absolutista como Arabia Saudí controle una importante parte del sector de las telecomunicaciones en la UE?”, interroga Pineda en una pregunta parlamentaria registrada este viernes. Según el reglamento de la cámara que regula las preguntas parlamentarias, la Comisión tiene ahora un plazo de 6 semanas para responder por escrito.
Según explica el político español, “la entrada en Telefónica del Reino de Arabia Saudí -un régimen autocrático de monarquía absolutista muy alejado de los estándares mínimos de democracia y estado de derecho y que vulnera de manera sistémica los derechos humanos- supone una clara amenaza para la seguridad y la independencia estratégica de la UE”. Sostiene también que Telefónica es una compañía de carácter “estratégico”, ya que ofrece un servicio fundamental y administra millones de datos sensibles de instituciones públicas, privadas y de ciudadanos, y que por eso “no podemos permitir que estén controladas por capital privado y por terceros países” y “es necesario que el Estado vuelva a tener un control mayoritario”.
Evaluaciones caso por caso
Hasta ahora Bruselas ha eludido pronunciarse sobre el caso. “La Comisión no está en condiciones de comentar transacciones individuales por razones de confidencialidad”, decían a principios de semana sus portavoces. “Confiamos al 100% en la decisión de los Estados miembros. Tenemos herramientas y si creen que existe un riesgo pueden utilizarlas”, se limitaba a añadir el de mercado interior, Thierry Breton, durante un encuentro con un grupo de periodistas en alusión al marco europeo para el control de las inversiones extranjeras directas existente desde octubre de 2020 a nivel europeo.
Su objetivo, según recordaba esta semana una portavoz comunitaria, es identificar y abordar posibles amenazas a la seguridad o al órden público en la UE que pueden ser causadas por determinadas inversiones extranjeras, sin reducir la apertura de la UE a la inversión extranjera ni restringir las actividades de los inversores extranjeros en la Unión. “Los Estados miembros y la Comisión evalúan, caso por caso, si una adquisición específica amenaza la seguridad o el orden público y, en caso afirmativo, sugieren medidas adecuadas para mitigar esos riesgos. La prohibición de una inversión extranjera directa se considera en los casos en que la mitigación de riesgos no parece posible”, explicaban las mismas fuentes sobre un mecanismo en el que participa Bruselas pero cuya decisión final recae en los Estados miembros.
Decisión en manos de España
“La decisión sobre qué inversiones se controlan, aprueban, condicionan o bloquean es adoptada por los Estados miembros en los que se realiza la inversión”, recuerda Bruselas en su último informe anual. Según el documento, en 2021 -el último año del que hay datos disponibles- los Estados miembros notificaron 1.563 solicitudes de autorización. De ellas, aproximadamente el 29% fueron examinados formalmente. Alrededor del 71% de todas las solicitudes se consideraron no admisibles o no requirieron un examen formal por “una evidente falta de impacto en la seguridad y el orden público”. El 23% de las decisiones, en cambio, implicaron una aprobación con condiciones o medidas atenuantes mientras que solo el 1% de todos los casos fueron bloqueados y en otro 3% las partes retiraron la transacción.
Esto, según Bruselas, confirma que la UE “sigue abierta a las inversiones extranjeras directas y que los Estados miembros solo rechazan casos que plantean amenazas muy graves para la seguridad y el orden público”. El mismo balance confirma que 13 países de la UE presentaron en 2021 un total de 414 notificaciones y que cinco Estados miembros –Alemania, Austria, Francia, Italia y España- contabilizaron más del 85 % de dichas notificaciones. Además, los cinco sectores con mayor número de transacciones fueron las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la industria manufacturera, las actividades financieras, el comercio al por mayor y al por menor y la construcción.
