El PSOE está a dos pasos de parecer otra vez un partido con un gran debate interno. El impulso a una amnistía, como exige Junts, para que Pedro Sánchez pueda seguir en el Gobierno, ha activado una amplia discusión en el socialismo, a pesar del enorme poder del presidente en funciones y secretario general del PSOE. La oposición contra él ha ido mermando hasta casi desaparecer con sus sucesivas victorias políticas. Pero este estado de letargo comienza a esfumarse ante la posibilidad de amnistiar los delitos vinculados a los hechos del procés.
Se ha abierto paso, cada día que pasa con más intensidad, una controversia que tiene muchos matices pero que discurre fundamentalmente por dos ejes: el jurídico y el político. El jurídico, muy transversal, que excede los límites del PSOE e implica a toda la clase política y judicial, sobre si una medida así es o no constitucional. Pero sin menospreciar este debate de altura, en el partido se ha empezado a abrir paso la discusión sobre si se debe aprobar una amnistía sin exigir nada a cambio a Carles Puigdemont.
Ha sido precisamente la dureza con la que formuló sus exigencias este martes desde Bruselas, donde insistió en que no renuncia a la vía unilateral y reiteró la petición de un referéndum, lo que ha acabado por azuzar esta reflexión. Tras escucharle, en Moncloa se respiró porque no puso la exigencia de una consulta -sí la amnistía- como condición para la investidura y se restó importancia a la ferocidad de su discurso, con el argumento de que «habló para los suyos«.
Pero internamente no se ha recibido con la misma cordialidad. El expresident catalán, José Montilla, lleva días pidiendo, en distintos medios de comunicación, que los beneficiados por una amnistía se deben comprometer a no repetir los hechos. «Si se cierran las carpetas, se cierran por una cosa y por otra«, defendió. Y en la misma línea se pronunció este viernes Joaquín Almunia, exministro, exlíder socialista y excomisario europeo del PSOE, en Radio Euskadi.
Para Almunia lo que se debe dilucidar es si «desde el punto de vista del interés general, hay condiciones, dadas las circunstancias actuales, dado lo que escuchado hace pocos días por parte de Puigdemont, para una amnistía desde el punto de vista político del interés general de la sociedad«.
Junts «debiera, primero, hacerse una fortísima autocrítica a lo que fue su comportamiento en 2017, reconociendo los errores y los destrozos que provocaron en la sociedad catalana» y, a partir de ahí, «mirarse al espejo y decir: si somos políticos tenemos que dialogar, no imponer y menos desde Waterloo».
Su tesis es que es necesaria «una rectificación profunda política» de «quienes fueron protagonistas de aquellos hechos claramente contrarios a la Constitución y a la opinión de muchísimos catalanes, de decidir unilateralmente separarse de España», con el objetivo de que «esos hechos no se puedan volver a repetir».
Frente a estas posturas, posibilistas con la amnistía pero si se producen unos requisitos previos, otros dirigentes socialistas se han pronunciado totalmente en contra porque mantienen que no cabe en la Constitución. De manera inmisericorde inauguró las críticas el expresidente del Gobierno, Felipe González. Defendió que la amnistía es inconstitucional y pidió a Sánchez que lo asuma, reiteró que no le gusta una mayoría progresista sujetada con el independentismo y reveló que el 23J le ha costado votar al PSOE.
Le ha seguido Alfonso Guerra con el argumento de que supondría una «condena a la Transición» democrática. Y se ha unido a ellos incluso socialistas con un mayor sensibilidad con el nacionalismo como Ramón Jáuregui, que también ve la amnistía fuera de la Carta Magna porque implicaría una «legalización» de la unilateralidad y los «actos de deslealtad y de atentados a la Constitución» llevados a cabo en el procés.
Este mismo viernes el expresidente de Aragón, Javier Lambán, que ha modulado su críticas contra Sánchez tras conseguir aumentar su apoyo electoral en las generales del 23J, se mostró confiado en que ley de amnistía que propugna Junts per Catalunya «no se va a producir» porque «abriría una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla a pique».
Precisamente es el resultado de las pasadas elecciones lo que Ferraz esgrime para minimizar las voces contrarias a esta decisión. Fuentes de la dirección rechazaban esta semana que haya un debate en el PSOE sobre la amnistía y subrayaban que «el mandato de las urnas es claro», después de conseguir el 23J «un millón de votos más que en 2019». «Nuestro votante entiende perfectamente que España es plural y no uniforme y que nuestro marco es la Constitución». El resto, añadían, es «literatura».
