El régimen de autorización previa por parte del Consejo de Ministros de inversiones extranjeras en empresas españolas consideradas estratégicas que ahora pretende utilizar el Gobierno frente a la compra del 9,9% de Telefónica por Saudí Telecom parte del endurecimiento de esta legislación que adoptó el Gobierno en marzo de 2020, en el contexto de las medidas para frenar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.
Entonces, el Gobierno diseñó una especie de ‘acción de oro’ para blindar a empresas españolas en sectores estratégicos. Este mecanismo exige la autorización previa del Gobierno para operaciones extranjeras por encima del 10% del capital de la compañía española, al tiempo que mantiene el listón del 5% que ya existía con carácter previo para las empresas relacionadas con la defensa, como ocurre ahora en el caso de Saudí Telecom y Telefónica. Desde entonces (2020), el Consejo de Ministros ha autorizado 123 operaciones de inversores externos, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a cierre de 2022. A esta cifra hay que sumar 25 más que fueron aprobadas por un procedimiento simplificado autorizadas por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
Medidas de mitigación
La práctica totalidad de las autorizaciones solicitadas en este periodo han sido otorgadas por el Gobierno. Algunas de ellas (un total de 15) ha recibido el ok del Gobierno después de haber adoptado «medidas de mitigación». Apenas existe constancia de dos operaciones rechazadas en estos tres años en los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.
En términos generales, entre las «medidas de mitigación» o condiciones impuestas por el Gobierno a las empresas extranjeras, se encuentra la de «limitar el acceso del inversor a información sensible» que podría tomar protagonismo en la operación de Saudi Telecom en Telefónica. También, medidas dirigidas a «garantizar el suministro de determinados bienes o servicios» considerados fundamentales, otras destinadas a mantener determinadas capacidades y a evitar pérdida de soberanía en ciertos ámbitos o relacionadas con la obligación por parte del inversor de suministrar información periódicamente o ante determinados eventos. En general, las condiciones impuestas dependen «de las características concretas de cada operación y de las amenazas y vulnerabilidades identificadas», según figura en uno de los informes del Ministerio de Industria donde se resume su actividad para el ejercicio 2022 en materia de control de inversiones extranjeras.
En 2022 hubo por primera vez una operación que no fue autorizada «por ser imposible establecer medidas de mitigación eficaces». Esta podría haber sido la adquisición del 29,9% del capital de Prisa por parte de Vivendi. La compañía francesa presentó en octubre de 2021 su solicitud al Ministerio de Industria para incrementar su presencia en el grupo de medios de comunicación, donde contaba con el 9,94% del capital, y en marzo del 2022 anunció su desestimiento. Este año, Vivendi anunció un aumento de su capital de entre el 10,9% y el 15% que sí logró el plácet gubernamental. El Gobierno solía publicar en las referencias del Consejo de Ministros las operaciones sujetas a su control, pero en 2021 redujo estos anuncios y en 2022, pese al abultado número de expedientes, no publicó ni una sola operación, tampoco la citada entre Vivendi y Prisa.
La mitad, con origen en EEUU
El número de operaciones que requieren autorización ha ido ‘in crecendo’ en estos años al pasar de 28 en 2020 (13 a través de Consejo de Ministros y 15 por la Dirección de Comercio, mediante procedimiento simple) a 48 en 2021 (45 en Consejo de Ministros y 3 por procedimiento simple) y 73 en 2022 (de los cuales 65 fueron en Consejo de Ministros y 7 por procedimiento simple, al que hay que sumar el expediente no autorizado). Este aumento de las operaciones guarda relación con la recuperación de la economía internacional tras la pandemia. Así, los datos para España reflejan que la inversión extranjera aumento el 13,9% en 2022 respecto a 2021, superando los 34.178 millones de euros.
En la mitad de las transacciones acumuladas estos tres últimos años, los inversiones tuvieron origen en Estados Unidos, mientras que alrededor del 15% procedieron de Reino Unido y otros territorios de ultramar y cerca del 10% de China y un poco menos de Emiratos Árabes Unidos. En todo este periodo la inversión más importante que ha requerido la autorización del Consejo de Ministros a la luz de la reforma de marzo de 2020 tal vez fue la operación del fondo australiano IFM en Naturgy, que el Gobierno aprobó con condiciones en agosto de 2021, seis meses después del anuncio de opa parcial en la que pretendía hacerse con el 22,7% del capital de la gasista.
Energía y telecos, sobre todo
Pero hay operaciones de todo tipo, como la de la compra de la empresa estatal china Three Gorges -propietaria de la mayor central hidroeléctrica del mundo, la presa de las Tres Gargantas- para hacerse con 13 plantas de energía solar fotovoltaica de la compañía X-ELIO en 2020 o la adquisición de MásMóvil por los fondos británicos KKR, Civen y Providence. También la adquisición del fondo EQT de la empresa de proyectos fotovoltaicos Solarpack por 881,2 millones de euros en 2021 o la compra del fondo británico Intermediate Capital Group en Circet, empresa dedicada a la instalación, mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones para operadores en el sector ese mismo año. En 2022 los sectores con mayor número de transacciones fueron las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la industria manufacturera, las actividades financieras, la venta al por mayor y al por menor y la construcción.
Antecedentes en defensa
Entre las operaciones de inversión extranjera autorizadas, que figuran en las referencias de las reuniones del Consejo de Ministros de los tres últimos años, figuran algunas relacionadas con la industria de defensa, como la inversión de la luxemburguesa Prill Holdings en la compañía armamentística española Maxam o la compra por parte de la belga CMI Defence de la empresa de equipos y sistemas de defensa John Cockerill España, entre otras.
Pero la que más se parece al caso de análisis del Gobierno en la entrada de Saudí Telecom en Telefónica es la compra de la francesa GFI Informatique del 100% de Informática El Corte Inglés, empresa que era proveedora del Ministerio de Defensa. El Consejo de Ministros en su reunión del 14 de abril de 2020 autorizó esta operación pero con condiciones a GFI para «proteger adecuadamente la seguridad de la información clasificada del Ministerio de Defensa».
Una tendencia mundial
El reforzamiento de los mecanismos de control de la inversión exterior ha sido una constante estos últimos años en toda la Unión Europea y en los países desarrollados en general, tras la pandemia y la posterior invasión rusa de Ucrania. Según datos de la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), el número de países que controlan la inversión extranjera directa por motivos de seguridad nacional asciende a 36 y, en conjunto, representan el 63% de las entradas de inversión extranjera directa a nivel mundial.
Desde la Comisión Europea, se anima a los estados miembros a aplicar y reforzar los mecanismos nacionales de control de inversiones. En los últimos años, la mayoría de las modificaciones de las legislaciones nacionales han estado encaminadas a mejorar los mecanismos existentes, a ampliar la lista de sectores cubiertos y a prolongar la validez de determinados mecanismos. En España, la más reciente modificación de esta regulación se produjo el pasado mes de julio y prácticamente se estrenará con la operación de compra del 9,9% de Telefónica por STC, después de que el nuevo real decreto ley haya entrado en vigor este 1 de septiembre.
